El Gobierno vuelve a adjudicar a dedo a Ineco el proyecto del puente de la SE-40

Esta noticia se conoce sólo unas semanas después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales anulara el encargo a la empresa pública tras el recurso interpuesto por las ingenierías, lo que tumbó tanto el proceso de adjudicación como la licitación que se iba a publicar para la subcontratación de la mayoría de los proyectos a empresas privadas.

Para tratar de corregir el reparo de la Justicia y continuar con la empresa pública Ineco, el Ministerio de Transportes incorpora ahora el uso de la tecnología BIM, tal y como solicitó este tribunal, lo que permite la puesta en marcha del proyecto. Cabe recordar que aquel recurso fue interpuesto por la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CIES), el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías (Aseci).

Estas ingenierías expusieron tres argumentos principales en sus recursos: la ausencia de la preceptiva justificación de la concurrencia de algunos de los motivos recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la vulneración del límite a la contratación impuesta por la legislación en materia de contratos del sector público, y la ausencia de justificación adecuada de la no aplicación de la tecnología BIM (un proceso inteligente basado en modelos 3D que ofrece una visión precisa, accesible y práctica para permitir una mejor toma de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto).

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta adjudicación a una empresa pública sin experiencia en una construcción de esta envergadura es que Ineco deberá desmenuzar el proyecto para subcontratarlo a empresas especializadas y con mayor experiencias en la construcción de viaductos, mediante la tipología de ‘puente atirantado’. Además, dada la envergadura del puente y su complejidad técnica, para su definición se requiere el apoyo de empresas especializadas en el proyecto y en la supervisión de este tipo de estructuras singulares.

Los ingenieros insistieron desde que se conoció por primera vez la adjudicación a Ineco que los criterios que fija la Ley sólo permiten superar la subcontratación de más del 50 por ciento en casos muy concretos, como cuando la naturaleza de la prestación requiera un mayor control en la ejecución de la misma. En este punto, la Dirección General de Carreteras apostilló que su encargo se sitúa dentro del supuesto recogido por la Ley, ya que por la complejidad, dimensiones y excepcionalidad del puente, estos requieren el mayor control posible tanto en la redacción como en la supervisión de los mismos.

El Ministerio de Transporte sigue adelante con su empeño de construir el puente con una empresa de su jurisdicción, tal y como ya advirtieron fuentes ministeriales tras el varapalo judicial. En aquella ocasión, entendiendo que aquel recurso sólo estimaba como «defecto formal» que el contrato no incluyera la tecnología BIM, avisaron que era una cuestión «puramente formal y de carácter administrativo», que afecta a la tramitación pero «en ningún caso» al fondo del contrato.

El puente atirantado, que sustituye a los túneles inicialmente planeados e incluso contratados para este proyecto, tendrá un gálibo libre de 70,8 metros, 3.600 metros de estructuras singulares.

El Gobierno central, como es sabido, ha apostado por prescindir de los túneles planeados inicialmente para el tramo Dos Hermanas-Coria y promover en su lugar este puente, que ya cuenta con su correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA).