Óscar Puente vuelve a dejar fuera a Sevilla de las ayudas al transporte público

La decisión ha causado malestar en la Junta de Andalucía, que considera que el Gobierno central mantiene un trato desigual con la capital andaluza frente a otras grandes áreas metropolitanas que sí reciben financiación directa del Estado. No es la primera vez que ocurre. En los dos últimos ejercicios, el Ejecutivo ha repetido el mismo esquema de reparto dejando fuera a Sevilla, pese a que su consorcio metropolitano agrupa a 45 municipios y más de un millón y medio de habitantes.

Desde la Consejería de Fomento se viene subrayando desde hace años que el Estado ignora la realidad metropolitana de Sevilla y que su exclusión supone una pérdida de al menos 30 millones de euros anuales, una cifra que la propia Junta ha trasladado en varias ocasiones a Madrid como el cálculo razonable de lo que debería percibir la capital andaluza para mantener el mismo nivel de apoyo que el resto de grandes ciudades españolas.

Rocío Díaz, ha criticado que de nuevo el Gobierno de España haya excluido un año más a Andalucía del reparto. «El Ministerio de Transporte lleva años ignorando sistemáticamente las reclamaciones de Andalucía, que juega en posición de desventaja sobre otras comunidades», ha reprochado Díaz. La consejera ha cuestionado las razones de esta exclusión, ya que Andalucía cumple con los condicionantes para recibir esta ayuda, como contar con una red de consorcio de transporte de Andalucía y un sistema de gestión con integración tarifaria que permite acceder a diferentes modos de transporte. Por ese motivo, ha calificado como «nuevo agravio contra Andalucía», al considerar que cumple los requisitos como otras comunidades autónomas, pero «a pesar de ello no recibe ni un solo euro».

Rocío Díaz ha recordado que la petición de esta financiación se ha hecho por todos los cauces desde hace, al menos, cuatro años. Es más, ha recordado que hace un año se trasladó primero en persona y posteriormente por carta, al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.

La Junta de Andalucía estima, según los cálculos, que «se dejan de recibir una cantidad que supera los 110 millones de euros anuales -30 para Sevilla-», que serían «un complemento al enorme trabajo que se está realizando en los nueve consorcios, que llevan años aumentando su presupuesto para atender con garantías las cifras récord de demanda».

En la citada misiva, la consejera le reprochaba a Puente el mantenimiento de esta «desigualdad territorial», más aún teniendo en cuenta el especial volumen de viajeros y el carácter estructural del consorcio de transportes de Sevilla. Sólo en el primer semestre de 2025 se han registrado más de 24 millones de desplazamientos, aumentando un 7% respecto al año anterior, y presta un servicio público esencial para la movilidad del área urbana más extensa de Andalucía.

La Junta cifra en unos 460 millones la deuda acumulada del Estado con la capital andaluza desde que se instauró este modelo de financiación. El argumento esgrimido por la Administración autonómica es que el Consorcio de Transportes Metropolitano de Sevilla cumple los mismos parámetros de población, movilidad y densidad que los territorios beneficiados, y que incluso su sistema integrado de transporte —que incluye autobuses metropolitanos, etro y Tussam— cuenta con una estructura de gestión consolidada desde hace dos décadas. Sin embargo, el Gobierno central mantiene congelado el marco legal de reparto, sin incorporar nuevas áreas metropolitanas.

La exclusión reiterada tiene consecuencias directas. Al no recibir esas transferencias, Sevilla debe financiar en solitario el coste del transporte metropolitano, que se reparte entre la Junta, el Ayuntamiento de la capital y los municipios consorciados. En la práctica, eso supone menos margen presupuestario para renovar flotas, ampliar líneas o mejorar servicios. «Si el Estado asumiera su parte, el precio del billete podría reducirse y la calidad del servicio aumentar», insistían desde la Consejería.

En este contexto, el Gobierno andaluz sí ha cumplido su parte en el marco de las ayudas extraordinarias al transporte público puestas en marcha durante la legislatura anterior. En 2023 y 2024 aplicó descuentos del 50 % en los títulos de viaje, de los que un 20 % correspondía a la Junta, otro 30 % al Gobierno central y el resto a los ayuntamientos. En Sevilla, además, el Ayuntamiento mantiene la gratuidad de los autobuses de Tussam para menores de 15 años y un descuento del 40 % en la mayoría de tarifas desde el pasado 1 de julio, una medida cofinanciada con el Ministerio.

Sin embargo, estas bonificaciones puntuales no resuelven el fondo del problema: la falta de financiación estructural por parte del Estado. Mientras en otras áreas metropolitanas la subvención directa permite cubrir gastos corrientes y planificar inversiones plurianuales, Sevilla continúa dependiendo de transferencias autonómicas y municipales, lo que limita la capacidad de crecimiento del sistema y acrecienta la brecha de inversión no sólo con Madrid y Barcelona, sino con conurbaciones de un tamaño similar como Valencia.

La Junta recuerda que el consorcio sevillano fue pionero en España en implantar una tarjeta única de transporte, que hoy utilizan más de 800.000 usuarios. «Hablamos de un servicio metropolitano plenamente consolidado y eficiente, que da cobertura a una población que supera a la de Valencia y que tiene una red comparable en tamaño y estructura a otras que sí reciben financiación del Estado», apuntaban fuentes de la Consejería.

La controversia llega, además, en pleno debate sobre la modernización del transporte urbano y la transición hacia una movilidad más sostenible. «El Gobierno central no puede hablar de descarbonización ni de transporte verde mientras discrimina a Sevilla, una capital que lleva años reclamando fondos para ampliar su red de metro y mejorar su red de autobuses metropolitanos», critican desde San Telmo.

El nuevo reparto aprobado por el Consejo de Ministros vuelve así a evidenciar una brecha de trato que Andalucía considera injustificada. Mientras tanto, la capital andaluza sigue esperando un reconocimiento que se le niega año tras año. Una exclusión que ya no puede explicarse como un olvido, sino como una decisión política que ahonda en la desigualdad territorial y que priva a Sevilla de una financiación que, de aplicarse con criterios objetivos, debería corresponderle desde hace mucho tiempo. A lo que se le suma, al mismo tiempo, el escaso esfuerzo inversor en las grandes infraestructuras pendientes como la SE-40, la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, el rechazo a la ampliación de este último o el retraso de la reforma del puente del Centenario.