El Gobierno de Sánchez denegó al Ayuntamiento de Sevilla levantar VPO en tres solares del Estado

El pasado 14 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de ocho antiguos suelos penitenciarios (valorados conjuntamente en 78 millones de euros), propiedad del Ministerio del Interior a SEPES — Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana— para su transformación en nuevos espacios residenciales, entre los que destaca la actuación sobre los terrenos de la antigua cárcel de La Ranilla de Sevilla.

En los 5.500 metros cuadrados en los que se levantaba la antigua prisión sevillana el Gobierno construirá 240 viviendas públicas. El proyecto requerirá una fase previa de demolición y actualización urbanística antes de iniciar las obras de edificación. Se trata de una actuación dentro del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios de 1991, que promueve la reutilización de espacios públicos en desuso para dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda.

Según la información que ha trascendido, la cesión de los 5.500 metros cuadrados del Ministerio del Interior a Sepes ha sido gratuita. Sin embargo, fuentes municipales trasladan a este periódico que cuando Emvisesa conoció que estos suelos estaban disponibles y a la venta se solicitó una reunión con Instituciones Penitenciarias, organismo propietario de los terrenos sobre los que se levanta la antigua cárcel de La Ranilla, para conocer el precio de dicha parcel.

Desde Madrid solicitaron al Ayuntamiento de Sevilla once millones de euros. Emvisesa realizó una tasación propia para conocer el valor de los 5.500 metros cuadrados y ofreció 4,5 millones de euros. La propuesta fue rechazada al tiempo que se le informó que la parcela había sido traspasada a Sepes.

El segundo episodio se encuentra en los suelos de Hytasa. En noviembre de 2022, cuando el alcalde de la capital era el socialista Antonio Muñoz, y con las miras puestas ya en la campaña electoral de las municipales de 2023, la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, visitó a Sevilla para anunciar un acuerdo con el Ayuntamiento desbloquear las naves de Hytasa en desuso desde hace 25 años con su cesión al patrimonio municipal a cambio del valor estrictamente estipulado por una tasación.

Sin embargo, después llegaron las elecciones municipales de 2023 y José Luis Sanz alcanzó a la Alcaldía, por lo que la promesa de Montero se esfumó y pasó a pedirle al gobierno municipal del PP el doble de la tasación de 4,7 millones elaborada por los técnicos de Emvisesa. En concreto, se solicitó al Ayuntamiento de Sevilla un total de 8,6 millones de euros.

Según el plan anunciado por Montero y Muñoz, allí se construirían 287 viviendas, de ellas 105 VPO, más 33.953 metros cuadrados para usos terciarios, 9.200 metros cuadrados para SIPS y 14.500 metros cuadrados de espacios libres. Se planteaban distintos espacios de 'coliving', 'coworking' y 'cofactory', y la inversión necesaria para completar todo el completo rondaría los 45 millones de euros.

Ahora, Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, le ha cedido esa parcela al Sepes con el objetivo de levantar esas 287 viviendas, entre ellas más de un centenar de VPO y otras 182 de alquiler asequible. El precio del traspaso entre organismos públicos dependientes de la Administración central no se ha hecho público por el momento.

El tercer intento del Ayuntamiento de Sevilla para hacerse con alguna de las tres grandes bolsas de suelo de titularidad estatal que quedaban en la ciudad fue el antiguo Regimiento de Artillería. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y el Sepes firmaron un convenio por el que esta segunda entidad compraba suelos de estas características a Defensa para urbanizar y parcelar dichos terrenos y, después, se le cedería a los ayuntamientos para el desarrollo de los mismos.

El Ayuntamiento, ya con José Luis Sanz en la alcaldía, se reunió con el director general de Sepes, en la que éste le trasladó que el proyecto de urbanización de Artillería llevaba desde 2021 en la Gerencia de Urbanismo,. Eso fue en una reunión de noviembre de 2023. En junio de 2024, el proyecto estaba aprobado.

En ese momento, desde el Ayuntamiento se le trasladó a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, un convenio para que el Gobierno central cumpliese con su parte y cediese al Ayuntamiento los suelos. No hubo respuesta. Por ello se solicitó una reunión con la directora general de Sepes, Leire Iglesias. Tuvo lugar en abril de 2025, con el alcalde presente. Y la respuesta fue la misma: no. Y Sepes haría la urbanización de los suelos, a pesar de que «no tienen capacidad para ello, con 40 empleados», como trasladan a este periódico fuentes municipales, que lamentan el «desprecio» a la ciudad ante el interés municipal por desarrollar más promociones de viviendas en la capital.