Caso Fitonovo: Torrijos se agarra a la prescripción para evitar su condena

La primera sesión ha comenzado con el anuncio del Ministerio Fiscal del acuerdo de conformidad alcanzado con diez de las defensas, entre ellas las de Domingo Enrique Castaño, director de Vía Pública y asesor de Monteseirín; Manuel Gómez Lobo, exconcejal socialista de Vía Pública; y Antonio Miguel Ruiz Carmona, exasesor de Izquierda Unida, quienes, entre otras cuestiones, admitieron que recibieron mordidas a cambio de influir en las adjudicaciones municipales en favor de Fitonovo. Además, como reconocieron que dicha compañía entregó dinero a PSOE e IU cambio de los contratos públicos.

Los tres acusados que, en legítima estrategia de defensa, no han llegado a un pacto con la Fiscalía son Torrijos, su mano derecha José Manuel García, quien fuera concejal delegado de Juventud y Deportes, y Joaquín Peña, concejal del PP y y director de Parques y Jardines en la etapa de Juan Ignacio Zoido en la Alcaldía. Los tres se enfrentan a cuatro años de cárcel por cohecho, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para cargo público durante nueve años.

Durante el trámite de cuestiones previas, las defensas de Torrijos y García, que ejercen los letrados Encarnación Molino y José María Núñez, respectivamente, han solicitado al tribunal la prescripción de los delitos. Según la Fiscalía, García «intervino decisivamente, como dirigente de Izquierda Unida, en connivencia con el primer teniente de alcalde, Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol». Estos contratos se adjudicaron en 2009.

Los directivos de Fitonovo pagaron 155.000 euros a la formación comunista en dos pagos. El primero, en marzo de 2010, fue de 70.000 euros y el dinero se entregó a Ruiz Carmona en una caja de zapatos. El segundo pago fue en febrero de 2011.

Según las defensas, desde que se adjudicaron los contratos en abril de 2009 hasta que fueron citados al procedimiento como investigados transcurrieron los cinco años fijados para la prescripción del delito de cohecho del que están acusado.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 incoó diligencias previas en 2015 como consecuencia de la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de Mercedes Alaya de sus diligencias previas abiertas en 2013.

En este sentido, la abogada de Izquierda Unida, que está en este procedimiento junto al PSOE como partícipe a título lucrativo, también solicitó la prescripción de los hechos. «Izquierda Unida no recibió dinero ni se benefició», ha asegurado. Esto después de que el exasesor de la formación Antonio Miguel Ruiz haya admitido, en virtud del acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que recibió 70.000 euros en una caja de zapatos.

La defensa de José Manuel García, igualmente, subrayó que su cliente nunca tuvo papel en la gestión económica de IU, ni firma ni apoderamiento en sus cuentas. En el caso de Torrijos, su abogada resaltó que el exlíder local de la formación comunista no formó parte de la mesa técnica de contratación municipal, que estaba formada por funcionarios.

El fiscal se opuso a esta cuestión previa y el tribunal, tras deliberar durante unos minutos, desestimó dicha petición, sin perjuicio de un estudio más en profundidad en la sentencia. Junto a Joaquín Peña, los dos exdirigentes comunistas declararán a partir de este martes.