La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de los vecinos por los cortes de luz en el Polígono Sur

Del mismo modo, en el escrito de la Fiscalía de Sevilla, al que ha tenido acceso ABC, se deduce testimonio al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como a la Consejería de Industria, Comercio y Minas de la Junta de Andalucía para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y demás que resulten procedentes en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto es, se les pide que aumentan las inspecciones de la red de la compañía en estas zonas de la ciudad para comprobar si son las óptimas o no.

Ésta es la respuesta de la Fiscalía a la denuncia que presentaron 18 vecinos del Polígono Sur, con contrato de suministro y al corriente» en los pagos, contra los cortes de luz intermitentes, que Endesa relaciona directamente con la defraudación de fluido eléctrico derivado de los cultivos de marihuana que crecen en viviendas ocupadas de esta zona.

El abogado de los vecinos que decidieron dar este paso en los tribunales, Cristóbal Ráez, ha señalado a este periódico que ahora tendrá que estudiar con este grupo de vecinos y otros que habían mostrado su interés en secundar dicha acción judicial qué decisión adoptar.

Los promotores de esta última denuncia pedían a la Fiscalía que dilucidara si los «incumplimientos de contrato» derivados de las mencionadas interrupciones de energía podían derivar en algún tipo de «ilícito». Mientras Endesa apunta toda la responsabilidad de los cortes de luz en las plantaciones de marihuana, los colectivos vecinales atribuyen a la compañía una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas.

Pues bien, el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, en un decreto de seis páginas expone que la denuncia no se indica en qué tipo penal pudieran incardinarse los cortes de suministro eléctrico denunciados, de los que responsabilizan explícitamente los vecinos a la distribuidora, asegurando que vienen ocasionados por «un deficiente programa de mantenimiento» de instalaciones y por un programa de inversiones «inadecuado e insuficiente».

Pero no se aporta prueba para apoyar dicha aseveración. Además, los denunciantes advierten de que las explicaciones de fraude masivo vinculado a la marihuana «son meras estrategias de autojustificación» por parte de Endesa, sin embargo, el fiscal jefe expone que «es un hecho que no dejan de producirse intervenciones policiales de este tipo de plantaciones, que son foco de enganches ilegales y que exigen abundante suministro de energía eléctrica».

Y acude a informaciones periodísticas que aseguran que cada plantación consume de media energía eléctrica equivalente a 80 viviendas. Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas necesitan electricidad las 24 horas del día y la obtienen mediante enganches ilegales que provocan situaciones de riesgo eléctrico alto y significativo. Además, recoge el fiscal en su decreto que estas sobrecargas hacen que actúen las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas o incluso centros de transformación afectando a los vecinos de las zonas próximas.

Dichas informaciones, según el propio fiscal jefe, advierten de que cada vez que se funde un fusible por la sobrecarga de la red hay que reponerlo para poder recuperar el suministro, pero para realizar el cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, lo que retrasa la recuperación del suministro afectando al conjunto de vecinos. La recuperación del servicio en el caso de incendio de líneas o de centros de transformación es aún más compleja.

«La vulneración de derechos fundamentales y en general derechos constitucionales puede ser objeto de tutela penal, pero en ningún caso los denunciantes precisan elementos configuradores de tales delitos, ya que lo más que se llega a asegurar es que la frecuente interrupción de suministro de energía eléctrica se corresponde con un deficiente programa de inversiones y de mantenimiento por parte de la entidad suministradora y distribuidora, lo que impide el encaje de dichos cortes de suministros en los tipos penales referenciados», explica el decreto de archivo de la Fiscalía de Sevilla.

La invocación de derechos constitucionales y especialmente fundamentales permite a los solicitantes presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales en los órdenes contencioso administrativo y en su caso civil. Y recuerda el antecedente de un vecino de la barriada de Martínez Montañés antes expuesto en esta información.

Ahora bien, no puede ignorarse que, tal y como invocan los denunciantes, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece las obligaciones de los distribuidores, como «prestar el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen reglamentariamente, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica; ser responsables de la construcción, operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad de acuerdo a los criterios establecidos».

Pero además dicha Ley establece que entre los derechos de los consumidores en relación al suministro se comprenden «recibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad que se determinen reglamentariamente; disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de acuerdo a lo establecido en esta ley y en la demás normativa sobre atención al consumidor aplicable; disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por el distribuidor al que estén conectados sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse ante posibles incidencias de seguridad en las instalaciones».

Ante esto, el fiscal señala que, dado que la problemática social derivada por los cortes de suministros de energía eléctrica es «aguda y persistente hasta alcanzar cotas de cronicidad», que las actuaciones emprendidas por las diversas instancias (Comisionado de Polígono Sur, Defensor del Pueblo de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Subdelegación del Gobierno) «no han dado los resultados apetecidos, y que no constan actuaciones inspectoras al respecto», no puede descartarse que existan incumplimientos por parte de Endesa, y por ello procede deducir testimonio al Gobierno y a la Junta para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y demás que resulten procedentes.