La Fiscalía registra un aumento de casos de explotación laboral en Sevilla

Una de las firmantes e impulsoras del manifiesto, junto al fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, es Natividad Plasencia, fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos de Sevilla. En declaraciones a ABC ha expuesto la situación de este problema en la provincia, donde en los últimos años se ha detectado un aumento de los casos de explotación con fines laborales, aunque los casos con fines sexuales siguen siendo mayoritarios. Los primeros rondan el 40 por ciento.

En dicho manifiesto se recuerda que la trata de seres humanos constituye una forma de delincuencia que atenta contra los más elementales derechos humanos, pues convierte a sus víctimas en simples mercancías que son objeto de transacción y fuente de ganancias.

Frente a las consecuencias que ha tenido la pandemia del coronavirus en las víctimas, es el momento de que la sociedad española en su conjunto, y no sólo de sus gobernantes o de los actores involucrados en luchar contra este fenómeno, siga avanzando en los ámbitos de la prevención, de la persecución del delito y, sobre todo, de la protección de las víctimas.

Según la fiscal delegada, con la pandemia se ha acentuado la situación de vulnerabilidad e invisibilidad de la víctimas. Por ejemplo, se ha acentuado la tendencia detectada antes de 2020 de que la prostitución se estaba desplazando desde los prostíbulos a los domicilios particulares, donde es más difícil el auxilio de las víctimas pero también detectar los casos de explotación. Además, complica la investigación policial y judicial al tener que hacer frente a un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio. Hay que contar con autorizaciones judiciales para entradas y registros o intervención de comunicaciones.

Como consecuencia del confinamiento se cerraron muchos prostíbulos que funcionaban con licencia de hostales y los proxenetas echaron a la calle a las mujeres, que quedaron «abandonadas» a su suerte. En ese momento las entidades sociales y ONG que trabajan en este sector hicieron un gran trabajo de protección y ayuda.

El perfil de las víctimas sigue siendo el mismo: ciudadanas extranjeras en situación irregular en España, captadas en sus países de origen bajo la falsa promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico o cuidados de mayores. Pero, «llegan aquí y se les hace ver que han contraído una deuda con la organización elevadísima, por lo que se le obliga a ejercer la prostitución», según Natividad Plasencia. En otros casos vienen sabiendo que van a ejercer la prostitución pero se les impone «condiciones que nada tienen que ver con las que le dijeron».

Los casos de trata con fines de explotación laboral van aumentando en la provincia. Actualmente se está pendiente de la sentencia de un asunto destapado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Sanlúcar la Mayor. Los perfiles de las personas que recaen en estas redes son cada vez más vulnerables. Vienen de países donde la situación económica es mala y no tienen oportunidades para un futuro mejor. A eso le añades los movimientos migratorios como consecuencia de la Guerra en Ucrania. Son personas «extremadamente vulnerables».

Poniendo en foco en Sevilla, Natividad Plasencia señala que en 2015 la Fiscalía registró diez asuntos de trata. En 2020 (los datos de 2021 aún no se han publicado) fueron el doble. El 40 por ciento son casos de explotación laboral. En la capital se detectan casos en el servicio doméstico y cuidado a personas mayores, en la provincia en los trabajos en explotaciones agrícolas, sobre todo en Sanlúcar la Mayor o la Vega del Guadalquivir, por ejemplo. La economía de estas comarcas está basada en la agricultura.

Ciudadanos rumanos, búlgaros o moldavos suelen ser las nacionalidades de las víctimas. Sus explotadores, a veces, son compatriotas. Las víctimas son grupos familiares, lo que esconde también un incremento de víctimas hombres. La fiscal valora las campañas de la Inspección de Trabajo en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil para visitar fincas.

La prostitución tiene más visibilidad, pero también hay que estar en alerta ante la explotación laboral. En Sevilla, incluso se han detectado algún supuesto de trata con fines delictivos. La Policía, en una operación antidroga, sorprendió a una ciudadana de origen chino obligada a vigilar un plantación indoor.

En el manifiesto por el Día Mundial contra la Trata de Personas se solicita reformas legales, recursos económicos y dar visibilidad a las personas que sufren este gravísimo atentado contra su dignidad de seres humanos. Para Natividad Plasencia habría que avanzar hacia un texto normativo único en defensa de estas personas. Actualmente existen distintos mecanismos de protección de las víctimas a nivel legal desde el punto de vista administrativo o del Derecho Internacional como el derecho de asilo; en la Jurisdicción Penal como la figura del testigo protegido, la preconstitución de la prueba o el Estatuto de la Víctima. Pero están dispersos en distintos cuerpos legales, lo que dificultad la puesta en práctica.

El protocolo marco de la víctima de trata data de 2011. Hay que caminar hacia una ley integral con un propósito claro: «perseguir las distintas manifestaciones de proxenetismo que favorezca la prostitución». En otro sentido, en el Código Penal no están tipificados delitos de servidumbre, esclavitud o trabajos forzados. Hay que darle «una vuelta de tuerca» a los delitos contra los derechos de los trabajadores. En este sentido recuerda que en España no existen apenas casos de trata de personas para extracción de órganos corporales porque existe una Ley de Trasplante muy potente.

«Avanzar significa reformas legales, recursos económicos para que la victima tenga herramientas una vez sea liberada y mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también requieren de más medios personales y materiales para lucha» con esta lacra, que «bien ha sido llamada la nueva esclavitud del siglo XXI», según subraya el manifiesto.