El embargo inútil de la cuenta de Miguel Carcaño: la familia de Marta del Castillo sigue sin indemnización

La Audiencia de Sevilla, en concreto la Sección Séptima, la misma que enjuició a Carcaño y los otros tres acusados adultos, que resultaron absueltos, ha dictado hasta dos resoluciones, a petición de la familia de Marta del Castillo, para acordar el embargo de la cuenta de peculio (depósito donde se gestionan los fondos de una persona privada de libertad, ya sea con dinero que ingresa al centro penitenciario, transferencias de familiares y amigos, o las remuneraciones de trabajos dentro de prisión).

Hasta la fecha, más de cuatro meses después del primer oficio remitido por el tribunal de Sevilla a la dirección del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, los padres de Marta del Castillo sólo han recibido 1.300 euros. Eso fue en junio. Desde entonces, ni un euro más.

Antonio del Castillo, en declaraciones a este periódico, admite que esta medida no tendrá mucho efecto en el pago de la responsabilidad civil fijada por los tribunales en el crimen de su hija: 140.000 euros para cada uno de sus progenitores, y 30.000 euros para sus hermanas. Sin embargo, dio este paso, el de requerir el embargo de los dineros que tuviera Carcaño, tras decidir cambiar su estrategia con el asesino de Marta, pasando de una «sutilidad» autoimpuesta a una más posición de hartazgo.

El padre de Marta del Castillo llegó a ofrecerle al autor de la muerte violenta de su hija una especie de paga e incluso el piso de León XIII, donde vivía Miguel Carcaño y donde tuvo lugar el crimen, a cambio de que dijera dónde están los restos de la joven. Nada de eso sirvió.

Según fuentes judiciales, fue en junio cuando la Audiencia de Sevilla trasladó el primer oficio a la dirección de Herrera de la Mancha sobre el embargo de los fondos de Carcaño. Y en septiembre hubo un segundo oficio reiterando al centro penitenciario dicha medida.

En la primera ocasión, como ya informó este periódico, se acordaba la retención del sueldo y demás emolumentos que percibe el asesino de Marta, así como el resto de saldo resultante que por otros conceptos le consten a éste en su cuenta de peculio, salvo una cantidad fija de 200 euros mensuales que podrá utilizar para gastos personales.

Carcaño recibía un sueldo de 644 euros aproximadamente al mes por su trabajo en la panadería, donde estuvo hasta el 31 de marzo de este año, cuando acabó esa relación laboral como consecuencia de la investigación abierta para esclarecer el uso que estaba haciendo éste de móviles y otros elementos tecnológicos, así como un dispositivo que le servía de red wifi, en su celda, lo que está totalmente prohibido.

En total, en junio, la familia de Marta recibió 1.300 euros, como ha asegurado Antonio del Castillo a este periódico. Después, nada más. En la cuenta de este preso hay una cantidad que apenas alcanza los doscientos euros, lo mínimo que la Justicia estableció exento de la medida de embargo, así que ésta se vislumbra como insuficiente para que los padres y las hermanas de la víctima sean resarcidas civilmente por Carcaño.

Según la Audiencia de Sevilla, los presos tienen sus necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario, lo que equivale a recibir en especie el salario mínimo interprofesional. «Resulta innegable» que este preso, precisamente por estar en prisión, cuenta con «sus necesidades básicas más elementales» cubiertas. Eran los argumentos del tribunal para acceder a la petición de Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo, para embargarle su escaso patrimonio.

En este sentido, la Sala añadía que, precisamente por esa circunstancias (necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario), el salario que Carcaño recibía por su labor en la panadería de la prisión manchega, aún siendo inferior al salario mínimo interprofesional, «no han de ir destinado a satisfacer dichas necesidades básicas», y por lo tanto, procede el embargo de la nómina del preso, dejándole en la cuenta 200 euros mensuales.

Esta es la situación de Carcaño en Herrera de la Mancha, antes del cambio de cárcel. Desde entonces nada se sabe en el seno familiar de la víctima de la prisión de Archidona y la situación del único condenado.

Este no es el primer intento de Antonio del Castillo y Eva Casanueva de recibir lo estipulado como responsabilidad civil en cumplimiento del principio de reparación de las víctimas de hechos delictivos. En 2019 Carcaño ofreció pagar 20 euros al mes para hacer frente a la indemnización, un plan que hubiera supuesto más de 1.400 años para saldar la deuda. Pero tampoco ingresó cantidad alguna en la cuenta bancaria de la familia.