Los ecologistas piden conservar el ficus de San Jacinto «vivo o muerto» como «icono» de Sevilla

La plataforma ha convocado esta nueva concentración de protesta porque dos años después de aquella «barbarie» de tala, el ficus «agoniza bajo la responsabilidad del Ayuntamiento»; que en agosto de 2022 autorizó al «párroco arboricida» de la iglesia de San Jacinto al apeo de este portentoso árbol al esgrimir el mismo motivos de seguridad y mantenimiento, extremo este último objeto de un convenio final entre la Orden de los Dominicos, propietaria de la parroquia de San Jacinto y el propio Consistorio.

En un marco en el que el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Muñoz a la fecha de los hechos y ahora por el popular José Luis Sanz, expone que el emblemático ficus padece una grave «necrósis, agrietamiento, hongos y una pérdida considerable de tejido vivo», encargando un informe técnico sobre el árbol para «decidir la actuaciones que se llevarán a cabo»; la plataforma defiende que el ejemplar »aún tiene una pequeña parte superviviente no afectada«; con lo que »su leve hilo de vida podría servir para regenerarlo, para lo que se necesitaría medios y tiempo».

Al punto, el colectivo ha planteado si verdaderamente hay «voluntad política» para salvar al emblemático ficus de San Jacinto, avisando de que «ningún vecino ha visto nunca a los empleados municipales regándolo ni una sola vez»; mientras el Consistorio defiende que ha aplicado al árbol »tratamientos específicos, control adecuado del riego a demanda y la ampliación del parterre».

En cualquier caso, la plataforma ha aseverado que «lo que queda del ficus debe quedarse donde está» y ser «respetado», pues «su desgraciado intento de tala lo convirtió en un icono a nivel local, nacional e internacional». «Lo queremos allí vivo o muerto», ha dicho a Europa Press Javier Ros, uno de los activistas.

En concreto, en agosto de 2022, la Orden de los Dominicos, propietaria de la parroquia de San Jacinto, inició la tala del emblemático ficus del compás de dicho templo, extremo autorizado por el Ayuntamiento hispalense merced a la licencia solicitada por la orden; alegando el párroco que «cinco estudios» avalarían según aseguraba la «necesidad» de la tala a cuenta de las repetidas caídas de ramas, la más grave en marzo de 2021 con seis heridos en la vía pública, tres de ellos hospitalizados; así como la afección de sus raíces a la estructura del propio templo.

Entretanto, los vecinos contrarios a la tala avisaban de un «atentado incomprensible e inadmisible» al patrimonio arbóreo de Sevilla, recordando el carácter emblemático de este ficus y reclamando otras soluciones. La tala fue comenzada pero cuando estaba en marcha, la licencia concedida por el Ayuntamiento hispalense a la parroquia fue suspendida de manera cautelar, tras ser recurrida la misma por vía judicial por la Asociación de la Jardinería Andaluza (AMJA).

Ya en septiembre de 2022, el juzgado suspendió el curso del litigio después de que todas las partes del procedimiento judicial hubiesen «presentado un escrito solicitando la suspensión del proceso, por encontrarse en vías de alcanzar un acuerdo» extrajudicial; y en abril de 2023 el Ayuntamiento aprobaba destinar 78.099 euros, a continuar con 32.920,55 en 2024, como subvención nominativa a la Orden de los Dominicos para sufragar el encargo de la misma al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre un dictamen en torno a »las posibilidades de supervivencia« del ficus de un modo en el que no incida en la seguridad arquitectónica del templo y de los viandantes.

En este marco, en agosto de 2023, el entonces nuevo alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, anunciaba un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Orden de Predicadores, para «una solución satisfactoria para todas las partes, garantizando el mantenimiento del ficus, que pasará a ser competencia municipal, y desistiendo expresamente la orden de la licencia de apeo del árbol».

Además, gracias a este convenio, el uso del jardín de entrada a la iglesia era cedido a la ciudad como nuevo espacio público para su uso y disfrute; incluyendo el acuerdo el desistimiento de la decisión municipal de abonar a la parroquia los 111.000 euros aprobados para que la iglesia pagase el mencionado estudio científico.