La Diputación de Sevilla prevé culminar la tramitación urbanística de las viviendas del Cortijo de Cuarto antes de 2027

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha abordado el citado proyecto estrella de la Diputación de Sevilla, para que sus terrenos de Cortijo de Cuarto, en Bellavista, en el término municipal de la capital, acojan unas 5.500 viviendas, la mitad de ellas a precios asequibles y para jóvenes, así como más de 100.000 metros cuadrados dedicados a usos terciarios y 65 hectáreas para zonas verdes, pues colectivos vecinales lamentan la desaparición de la actual masa arbolada con esta iniciativa.

Al respecto, tras la presentación oficial del proyecto en un acto público a finales de enero y trámites ya cursados como una ampliación de capital por valor de más de 4,7 millones de euros en la sociedad provincial Sevilla Activa, consistente en la incorporación de tres parcelas de la entidad supramunicipal del entorno de Cortijo de Cuarto y tasadas por un importe similar; Javier Fernández ha destacado los «contactos» iniciados con el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, para los aspectos relativos al planeamiento urbano.

«Los primeros documentos ya están en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esperamos que en las próximas fechas tengamos que subsanar (los aspectos de forma que se requiera) y empezar con los informes sectoriales» que han de emitir las entidades públicas en materia de medio ambiente, agua o protección patrimonial, ha dicho el presidente.

Porque la idea, según ha destacado, es que antes de que finalice el actual mandato municipal, estén ya «hechas todas las tramitaciones urbanísticas, para empezar cuanto antes a buscar cuáles son las fórmulas para intentar hacer realidad« el proyecto.

Javier Fernández ha aludido además al plan de su institución para destinar a lo largo de cuatro años unos 250 millones de euros, cien de ellos aportados directamente por su institución y el resto por otras administraciones, para subvencionar a los ayuntamientos de la provincia la mitad del coste de la promoción de unas nuevas 2.000 viviendas protegidas con precios asequibles como rentas de un máximo de 350 euros al mes.

En ese sentido, ha recordando que ya está en marcha «el primer paquete» de dicho plan, después de que recientemente, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase la convocatoria y las bases de las ayudas promovidas por la Diputación para apoyar a los ayuntamientos de la provincia en actuaciones de vivienda protegida, un programa que cuenta con un fondo de cien millones de euros con anualidades que abarcan desde este año 2025 hasta el año 2029, asignando 30 millones para este año.

Esta convocatoria se divide en una primera línea «destinada a actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, sobre solares de titularidad municipal, destinadas al alquiler o al alquiler con opción de compra»; en la que «la cuantía máxima de la subvención será del 50 por ciento« del total del presupuesto estimado de cada proyecto a subvencionar, como ha recordado Fernández.

La segunda línea está «destinada a actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, sobre solares de titularidad municipal, para la venta con algún régimen de protección; marco en el que «la subvención será de importe cierto, ascendiendo a 50.000 euros por cada vivienda a promover», siempre que su precio final no supere los 115.000 euros.

Y de nuevo, ha insistido en que sigue pendiente el «objetivo» de «definir» de una vez el concepto de vivienda de protección oficial (VPO), recordando la controversia inicial derivada de las viviendas protegidas en régimen de venta del residencial Cruz del Campo promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Equipamiento y Suelo (Emvisesa) del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, con precios que oscilan entre los 174.510 y los 318.039 euros, IVA no incluido.

Porque como ha señalado el presidente de la Diputación, a su entender el concepto de VPO ha de estar asociado a un «precio razonable, de 110.000 o 115.000 euros« en el caso de la venta o »300 o 350 euros como tope de alquiler«. »Ese es el modelo en el que yo creo«, ha enfatizado, exponiendo que en el área metropolitana hay municipios que ya aplican »empíricamente« ese modelo de VPO, por el que ha apostado.