Los despachos de la Delegación del Gobierno, otra vez bajo sospecha: los paralelismos de los casos Juan Guerra y Rafael Pineda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron a finales del pasado mes de noviembre en la Torre Sur de la Plaza de España para requisar todos los correos electrónicos vinculados a Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Andalucía hasta los últimos días del mes de agosto, cuando cesó de sus funciones. Pocas jornadas después este periódico desvelaba que un juzgado de Sevilla, junto con la UCO, estaba investigando toda la operación urbanística vinculada a una parcela de una sociedad de la mujer de Pineda que se había vendido por 3,9 millones en enero de 2025, apenas cinco meses después de que este solar fuese adquirido a Emvisesa por 1,7 millones de euros.

Casualmente, un jefe de servicio de la empresa municipal de vivienda, contratado en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín y ascendido con Juan Espadas como alcalde, es señalado por los investigados del Instituto Armado como uno de los beneficiarios de este pelotazo, al recibir casi 80.000 euros de la venta en la cuenta de una sociedad de dicho empleado.

Pineda entró en la Delegación del Gobierno en Andalucía de la mano de su «compadre» político como él mismo lo define, Gómez de Celis, en 2018. Ambos compartieron responsabilidades políticas en el gobierno de Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla. El que fuera delegado de Parques y Jardines y gerente de Lipasam dejó su despacho de la Plaza de España tras trabajar en los últimos años con Pedro Fernández.

Además de las oficinas de Emvisesa y de los expedientes administrativos vinculados al proceso de arrendamiento de 2016 de dicha parcela en el Higuerón y el proceso de enajenación de 2024, en los que sólo se presentó la mujer de Pineda, los agentes de la UCO también acudieron a la Delegación del Gobierno para rastrear los presuntos favores y gestiones de Pineda desde su despacho a terceros, como uno de los principales investigados por narcotráfico y dueño de un local de copas en Gines.

Precisamente las escuchas telefónicas a los implicados en la investigación por narcotráfico destaparon esos presuntos favores de Pineda a uno de los principales cabecillas a cambio de «dádivas». Una relación que la propia Guardia Civil calificaba de «total servilismo» del dirigente socialista hacia este empresario, al que, según los investigadores, arregló papeles para trabajadores inmigrantes desde la Delegación del Gobierno o intermedió con el alcalde de Gines para reabrir su local. Se desplazaba a bordo de una motocicleta propiedad de la Administración General del Estado.

En los pinchazos se escucharon frases pronunciadas por Pineda como «si fuera el Gobierno de España te lo resuelvo yo». Unas palabras que pueden dar una idea de hasta que punto usaba su posición en la Administración General del Estado para llevar a cabo gestiones en favor de terceros. La investigación de la UCO sigue su curso y la juez de Instrucción número 10 de Sevilla sigue esperando el informe de los agentes en una causa donde inicialmente se investigan hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No hay investigados, de momento.

El caso Pineda tiene ciertos paralelismos con lo ocurrido treinta y cinco años antes también en la Delegación del Gobierno. Fue un 3 de enero de 1990 cuando ABC publicaba en primicia que el alcalde de Barbate, Serafín Núñez, había desbloqueado un proyecto urbanístico para turistas de élite valorado en 480 millones de euros. Tras dos años paralizando esta iniciativa, el regidor socialista admitió este giro por que detrás de la operación estaba Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del Gobierno.

Aquellas manifestaciones del alcalde en un pleno tuvo tal repercusión que, un año más tarde, Alfonso Guerra tuvo que dimitir. Nacía el caso Juan Guerra. Su sala de operaciones estaba en un despacho de la Plaza de España en Sevilla. Cinco años después arrancaba el juicio que lo sentó ante un tribunal de la Audiencia de Sevilla (el 19 de febrero de 1995) por el primer gran caso de corrupción política en España.

Tras una querella de IU, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, entonces Ángel Márquez, abrió unas diligencias previas contra Guerra por sus turbios negocios durante los seis años (1983-1989) que ocupó una institución pública sin que mediara ninguna autorización ni nombramiento oficial, según reconoció después el propio Alfonso Guerra, quien lo catalogó como su «asistente» en la agenda que el también diputado por Sevilla desplegaba en la capital andaluza.

La investigación, con más de mil folios de sumario, afloró un entramado con epicentro en Sevilla y ramificaciones en Alicante o Galicia. Tenía conexiones con un centenar de sociedades con importantes activos inmobiliarios. Aquella actividad le reportaba unos ingresos que no encajaban con su nómina de asalariado del partido. Se sospechaba que servían para financiar ilegalmente al PSOE . Pero nunca se pudo probar, a pesar de que algunos empresarios testificaron que le habían pagado abultadas comisiones a Juan Guerra como mediador a cambio de obtener contratos públicos o recalificaciones de suelo rústico.

El caso Juan Guerra provocó que se tipificara por primera vez como delito el tráfico de influencias, lo que hoy se investiga en el caso Pineda. El hermano del vicepresidente compartió dependencias con tres delegados del Gobierno distintos, que jamás cuestionaron los servicios que prestaba a los empresarios, autoridades, alcaldes, funcionarios, socios y amigos que tomaron los famosos «cafelitos» en su despacho.

Durante siete años de instrucción, Juan Guerra afrontó cinco juicios por su papel de intermediario en distintas tramas (Fracosur, Comasa y Litomed y Fridex) y por el uso particular del despacho oficial. En este último proceso ejercieron las acusaciones IU, PA y el empresario José María Ruiz Mateos, ya fallecido.

Fue juzgado por delitos muy graves de malversación o estafa, entre otros. La Audiencia de Sevilla lo condenó a un año y seis meses de cárcel por el uso indebido del despacho y luego lo absolvió el Supremo. El tráfico de influencias, desconocido hasta entonces en el Código Penal español, fue tipificado como delito a raíz de este caso.

Juan Guerra, inhabilitado por inducir un delito de prevaricación en la recalificación de una parcela en Alcalá de Guadaíra, sólo fue condenado por un fraude fiscal de 253.627 euros con su empresa Corral de la Parra. Nunca llegó a saldar su deuda con la Justicia porque fue declarado insolvente.