25 años de la rotura de la balsa
El desastre de Aznalcóllar: la factura ecológica de 90 millones que Boliden no quiere pagar
La Junta de Andalucía, en el juicio que arrancó ayer, defendió su actuación «científica e imprescindible», mientras la compañía sueca cree la demanda va inflada con gastos «innecesarios»
La última parada del 'peregrinaje' judicial
Rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar en 1998
Las cifras que dejó la fractura de balsa de residuos de metales pesados de Boliden en la mina de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 asustan: un vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno ... de la cuenca del río Guadiamar; 37 toneladas de peces muertos; unas 4.600 hectáreas afectadas, gran parte de ellas agrícolas; 90 millones pagados por la Junta para retirar los lodos y limpiar la zona, controles ambientales, la reforestación y recuperación de dichos terrenos para un 'Corredor Verde'; y 25 años de espera para un juicio que tiene que determinar quién tiene que pagar esta factura ecológica. La empresa sueca no se mueve de su postura: no paga. Para ello alega que algunas de las actuaciones de la Administración autonómica fueron innecesarias, lo que engorda la reclamación millonaria. Además, apuntan que ellos también limpiaron la zona y ya se gastaron... 80 millones.
Muy lejos de estas tesis se mostraron ayer los tres primeros testigos que depusieron ante el juez de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Defendieron las actuaciones de la Junta en un proyecto de restauración «imprescindible, necesaria, de base científica,...».
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Las dos abogadas de los servicios jurídicos de la Junta tendrán que enfrentar jurídicamente sus argumentos contra los tres abogados de las empresas demandadas: Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV. La testifical más relevante fue la de Javier Serrano Aguilar, hasta 2001 coordinador de la Oficina Técnica de Restauración del Guadiamar, que se creo 'ex profeso' para coordinar los trabajos en la zona. Insistió que todas y cada una de las actuaciones acometidas por la Junta «fueron motivadas por el vertido, de tales dimensiones, que no había referencia mundial». No se podían «copiar» medidas. Hubo que innovar. Pero todo se hizo con «asesoramiento científico».
«Nunca se ha podido decir que se ha eliminado»
La prioridad era retirar el lodo contaminante antes de las lluvias de otoño para evitar que llegara a Doñana y al estuario. Pero pese a todo el esfuerzo durante años, «nunca se ha podido decir que se ha eliminado la contaminación, hay zonas afectadas aún». Después tocó evaluar los suelos afectados. Había que estudiar los efectos a corto y largo plazo.
Este testigo, como el que le precedió y le siguió, Juan López Domecq (jefe de gabinete de la consejera de Medio Ambiente Fuensanta Coves) y José María Arenas (miembro de la oficina técnica desde 1999), respectivamente, abordó también la actuación de Boliden.
La empresa, con la maquinaria pesada que tenían parada por la inactividad en esos días, fue la encargada de retirar el lodo más cercano a la mina y a la balsa, con mayor concentración de materiales muy pesados. Si bien, en esa labor de recogida se llevaron por delante parte de suelo. Fue un trabajo de recuperación «estilo minero, poco fino».
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En los primeros compases tras la rotura de la balsa, la compañía tuvo una actitud colaboradora, quizás porque estaba pendiente de que la Junta le concediese la autorización para iniciar la actividad en una nueva corta. Cuando vio que en aquel contexto la mina no era rentable... «cuando se acabó del dinero, se fue».
1.600 piscinas olímpicas
Tanto Serrano Aguilar, como José María Arenas, apuntaron que detrás de la rotura de la balsa estaba la acumulación de agua por encima de las cantidades permitidas. Había 1.600 piscinas olímpicas. Y eso que tras una denuncia de Ecologistas sobre la situación de la balsa se adoptaron algunas medidas por parte de la empresa, pero la acumulación de agua fue determinante para que se derramarán tales cantidades de lodos. La limpieza de éstos le supuso a la Junta 46 millones de euros. Y después hubo de hacer una segunda limpieza.
Frente a las tesis de las defensas de las demandadas de que el Corredor Verde fue algo innecesario y que ellos no tienen que asumir, los testigos valoraron su ejecución. «Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas» lamentó Serrano Aguilar, apuntando los efectos en la economía local. Y en este sentido aseguró que la barrera hidráulica que construyó Boliden en la balsa está rota y sigue filtrando agua al río Agrio. «Contaminación por los siglos de los siglos».
25 años de cosechas...
Otro de los datos a relucir en la sesión de ayer fue que todo se hizo con fondos de las administraciones autonómicas y nacionales porque la Unión Europea se negó a destinar partidas económicas, alegando que las consecuencias tenía que afrontarlas la empresa. Los tres testigos explicaron que el primer reto era recuperar las tierras para los agricultores, pero fue imposible. «Nunca se va a recuperar la calidad de los suelos», según Serrano Aguilar. Boliden pagó diez millones y medio a los agricultores afectados por la cosecha perdida en 1998. Si lo hubiera tenido que pagar cada año desde hace 25...
Igualmente, defendieron la política de contratación de la Junta con terceros para los trabajos de recuperación. Una vez que se decidió que los suelos no volverían a ser agrícolas, ¿qué se iba a hacer? Una posibilidad era dejar los terrenos tal y cómo estaban para ver su evolución, lo que tenía muchos riesgos. «Esto era una bomba de relojería».
O la restauración desde un punto de vista forestal. «Se decidió naturalizarlo, con plantas naturales, sin mucha carga de mantenimiento. No hacer un jardín, sino una zona natural», pese a que se convertiría en una zona no rentable, ni agraria ni forestal. La solución no se consultó con Boliden porque «para entonces se había quitado de en medio».
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