Costas deslindará la dársena del río Guadalquivir sin 'tocar' ningún proyecto

Lo que parecía un trámite menor tiene sus consecuencias y una de ellas ha sido la paralización de la reforma del conocido restaurante, también las dudas que le han surgido estos días a promotores que tienen inversiones millonarias en la orilla. Y no sería la primera vez que se ve en la ciudad el derribo de un proyecto por un limbo o una controversia administrativa, ahí está para el recuerdo la biblioteca del Prado derruida de la arquitecta iraní Zaha Hadid.

A día de hoy lo único que la Dirección General de Costas ha hecho es un trazado provisional que además tiene algunas zonas imprecisas, como confirma a ABC Juan Aguilar Alfaro, el director provincial de este servicio, que es el órgano encargado del proceso. «Es cierto que el deslinde que hay ahora es provisional, así aparece en el visor del Ministerio de Transición Ecológica (que puede consultar cualquier ciudadano en la página web), pero es lo que se toma como referencia», comenta. Su equipo ha iniciado el trámite para hacerlo definitivo a petición de la comunidad de vecinos que ha denunciado al propietario de Río Grande y ya ha emitido el informe que le han solicitado la Junta de Andalucía y la propia Gerencia de Urbanismo de Sevilla para anular o volver a dar curso a la licencia de obras.

«El proceso para que el deslinde sea definitivo es largo, pero con el documento que hemos realizado se podrá tomar una decisión», asegura. El responsable provincial ha informado sobre cómo está la zona y por dónde iría ese límite que, según comenta, «discurre por el talud que está pegado a la lámina de agua». Eso significa que ninguno de los proyectos se verá afectado.

También advierte de que la linde definitiva corregirá alguna situación controvertida que ahora presenta la provisional. Se refiere a que el límite pasa por encima de dos parcelas, la de Puerto de Cuba, que todavía está por reformar y la de Abades, que es plenamente funcional y que su propietario utiliza de forma privativa desde hace años. «Ninguna se va a ver afectada por esto», garantiza el jefe provincial de Costas, pues en ambos casos el deslinde también irá paralelo a la lámina de agua.

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Esa es una eventualidad que se va a cambiar tanto en el Geoportal del Ministerio como en el expediente que se ha iniciado. «Otra cosa –continúa– es que en áreas urbanas como Sevilla haya determinadas actuaciones que no se pueden hacer a veinte metros de las zonas de servidumbre como aumentar la altura de edificaciones, dedicarlas a uso residencial o instalar tendidos eléctricos. Eso lo recoge el artículo 25 de la Ley de Costas y no tiene nada que ver con que haya o no deslinde». Aguilar desconoce si el proyecto de Río Grande incurre en alguna de estas cuestiones y destaca que en ese caso, será la Junta la que tenga que analizarlo y velar por el cumplimiento de la norma al ostentar las competencias.

Por limitar queda toda la zona portuaria y el tramo que va desde el puente de San Telmo hasta el Alamillo. Esa es la tarea que queda por delante y que durará entre seis y ocho meses realizarla. Mientras tanto, «se pueden seguir concediendo permisos y trabajando con normalidad», aclara. Con el informe de Costas que ya está en manos de la Consejería de Medio Ambiente se puede dar el permiso para retomar los trabajos en este restaurante de la calle Betis si el proyecto cumple todos los requisitos.

En lo que respecta al Puerto, Aguilar asegura que «tampoco se incluirán como dominio público marítimo terrestre ninguna de las concesiones». Se respetarán sus límites porque las mareas en la dársena, que es lo que podría alterar las competencias, son insignificantes. Eso deja fuera de peligro la construcción del Jardín de las Cigarreras y los tres clubes: Naútico, Mercantil y Labradores.

Con esa provisionalidad de las lindes, los promotores han trabajado haciendo consultas puntuales a Costas que ha ido emitiendo los respectivos informes. Es el caso de Altadis, que cuenta con el visto bueno para todo el desarrollo que hay previsto en la zona. Ya lo tuvo que hacer el Ayuntamiento en su día para el cambio de usos de la parcela en el PGOU y posteriormente lo confirmaron los nuevos propietarios.

Sobre el motivo por el que se ha mantenido esta situación durante tanto tiempo (la Ley de Costas es de 1975), el jefe provincial asegura que «ha sido por una cuestión de prioridades» y de que no ha habido ninguna desavenencia. Se deslindó todo el dominio público marítimo terrestre a lo largo del río, quedando sólo ese tramo de la dársena y la zona portuaria. Como no ha habido ninguna denuncia y se han ido solicitando los informes pertinentes nada había forzado a que el proceso se concluyera. También aclara que «hace poco se aprobó la asistencia técnica para cartografiar el Puerto», lo que servirá para zanjar esta situación.