El Consorcio de Aguas de Sevilla gasta su presupuesto en sueldos de viejas glorias del PSOE

Los propios estatutos del Consorcio que siempre ha estado gestionado por políticos del PSOE, cuya presidencia recae en la figura del presidente de la Diputación de Sevilla, dan muestras de estos fines inconcretos de la entidad, que principalmente se dedica a ofrecer asesoramiento en políticas de agua y busca «homogeneizar» las actuaciones de las instituciones implicadas en él. También de aquellas que lo hacen de forma minoritaria, como la Mancomunidad del Aljarafe (9,27%), el Consorcio de Aguas del Huesna (7,41%), el Consorcio del Plan Écija (7,41%) y el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur (1,86%). Entre todas –además de la Diputación y el Ayuntamiento–, y en función del grado de participación, aportan cada año la cuantía económica que constituye su presupuesto. El de 2025, por ejemplo, asciende hasta los 542.602,59 euros, de los que algo más del 20% proceden de las cuentas del Consistorio hispalense, a través de la transferencia de Emasesa.

Sin embargo, el presupuesto de más de medio millón de euros apenas tiene traducción en inversiones reales en los municipios que forman parte del Consorcio, ya que hasta un 91% del mismo, un total de 493.031,59 euros, se dedica íntegramente al pago de los sueldos de sus seis empleados y de los tres habilitados que forman parte de su plantilla de trabajadores. Entre ellos está la nómina de su actual gerente, un histórico socialista como Blas Ballesteros, que percibe al año más de 85.000 euros, entre el salario base y la paga extra. En el siguiente escalón se encuentra un ingeniero técnico que percibe más de 55.400 euros, y otros dos más que reciben 53.700 euros cada uno. En torno a 45.000 euros están los dos auxiliares administrativos, cantidad a la que hay que sumar los 14.285 euros que se abonan a los habilitados nacionales de su plantilla. Unos datos que han llevado al grupo municipal de Vox a calificar al Consorcio como un «chiringuito» y a instigar esta salida del Ayuntamiento de Sevilla que quedó materializada en el Pleno ordinario celebrado este pasado jueves.

Sin duda, la situación más excepcional de todas es la del propio Blas Ballesteros, que desde el año 2016 ocupa este cargo de gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, responsabilidad en la que sustituyó a Jaime Morell. Su sueldo de más de 85.000 euros es uno de los más altos de los que se perciben en todas las administraciones públicas de la provincia. Es prácticamente similar al que recibe Javier Fernández como presidente de la Diputación y algo inferior al actual del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pero la carga de trabajo que asume Ballesteros es infinitamente inferior a la de los otros dos casos. La llegada como gerente del que fuera en su día uno de los delegados del gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín, coincidiendo con su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, no estuvo exenta de polémica, pues la limpieza del concurso por el que accedió a esta plaza fue puesta en duda por todos los grupos de la oposición en la Diputación, que en aquel momento estaba liderada por Fernando Rodríguez Villalobos, otro histórico socialista.

Su nombramiento se produjo en agosto de 2016, señalando desde la Diputación que la candidatura de Ballesteros al puesto de gerente fue la única que se presentó «en tiempo y forma». En las bases del concurso figuraba como «requisito de acceso» al puesto ostentar la condición de «funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1, con la licenciatura en Derecho o grado equivalente». Un extremo que motivó en octubre de ese mismo año una denuncia del partido Ciudadanos, que consideró el nombramiento «ilegal de pleno derecho», ya que «el requisito indispensable es que se trate de un funcionario y todo el mundo sabe que Ballesteros no lo es». La denuncia fue presentada por el entonces diputado de la formación naranja, Javier Millán –hoy delegado provincial de Justicia de la Junta de Andalucía–, que solicitaba que se volviera a iniciar el proceso «para que cualquiera que reúna los requisitos pueda optar al puesto en igualdad de condiciones y con un criterio de méritos estrictamente».

Poco después, el por entonces vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas, Joaquín Fernández Garro, desmentía esta acusación de Ciudadanos, a la que se sumó también el PP, amparándose en un informe realizado por el secretario general de la Diputación de Sevilla. Lo cierto es que esta no ha sido la única polémica que ha rodeado en estos años la trayectoria política y profesional de Blas Ballesteros. Durante algún tiempo ocupó uno de los cargos de asesor en la Emasesa, del que fue relegado por el que fuera alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. Además, también tuvo la responsabilidad de ser el cónsul honorario de Brasil, cargo del que fue apartado en su momento por supuestas irregularidades en la gestión..

La controvertida llegada de Ballesteros al Consorcio Provincial de Aguas no es el único asunto que ha puesto en duda la utilidad de este organismo. Llama poderosamente la atención que del presupuesto de más de 542.000 euros previsto para 2025 sólo haya una partida de 3.900 euros dedicada a inversiones. En concreto, el anexo incorporado a las cuentas recoge una previsión de 1.000 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje; otra partida de la misma cantidad para adquisición de mobiliario, y una tercera con la misma cifra para equipamiento informático. El total se completa con 900 euros para gastos en apliaciones informáticas. No se contempla ni un sólo euro para actuaciones que tengan una repercusión directa en los ciudadanos y, menos, en Sevilla.

De hecho, en el ejercicio del pasado año 2024, el Consorcio se vio obligado a plantear un crédito extraordinario para la redacción de los proyectos técnicos de digitalización y motorización de las infraestructuras hidráulicas de los municipios que solicitaran la integración en el Consorcio del Huesna o en el Consorcio de Aguas Plan Écija por valor de más de 788.000 euros, pero ni rastro de una inversión en Sevilla, tampoco en los años anteriores. Fue esta una de las quejas expuestas por De la Rosa en el Pleno del jueves cuando planteó la salida del Consistorio del ente. «No presta utilidad directa al Ayuntamiento de Sevilla desde hace mucho tiempo», dijo el delegado de Urbanismo. Todo ello, a pesar de que cada año Emasesa aportaba a sus cuentas una cuota que superaba los 125.000 euros.