El conflicto con la Policía Local de Sevilla, 25 años de pulso y un alcalde que ha plantado cara

Un sucinto repaso a las hemerotecas refleja así cómo la conflictividad laboral ha marcado el último cuarto de siglo el devenir de este cuerpo, con importantes supuestas medidas de presión como la reciente oleada de ausencias en los turnos especiales de Navidad, un periodo crítico en el calendario de la ciudad, en un marco en el que la ley estipula textualmente que «los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios», precisamente por la propia naturaleza esencial de los mismos.

Así, allá por el año 2000, durante los primeros lances de la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, efectivos de la plantilla de la Policía Local, de la mano del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), principal fuerza sindical del cuerpo, protagonizaban ya una vistosa acampada junto a miembros de los bomberos, en la mismísima Plaza Nueva, frente a la Casa Consistorial.

La protesta, en pleno centro neurálgico de la ciudad, estaba destinada a reclamar al Ayuntamiento un alza de los emolumentos de los agentes por los pluses de peligrosidad y de disponibilidad; comenzando aquel aciago mes de abril del año 2000, marcado como es sabido por la herida infligida a la Semana Santa hispalense por las estampidas y avalanchas que desbarataron por completo la Madrugada del Viernes Santo, dejando un caótico escenario de carreras incontroladas, cortejos procesionales desechos y pánico entre la ciudadanía.

Precisamente a partir de aquellos graves incidentes, cuya autoría sigue siendo una incógnita, fue creado por cierto el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Ayuntamiento hispalense, un importante órgano de gestión y coordinación en materia de emergencias, que sigue operando en la ciudad.

En septiembre de 2010, aún en el periodo del primer edil Alfredo Sánchez Monteseirín, el Ayuntamiento denunciaba judicialmente la supuesta manipulación de varios grupos semafóricos enclavados en el entorno del recorrido de la etapa de la Vuelta Ciclista a España que acogía entonces la ciudad, conectando el Gobierno local del momento la situación con la posible actuación de un «grupo de agentes radicales» por el conflicto derivado de las dificultades en los pagos de los planes de productividad del Cuerpo de Policía Local, o sea, las horas extra.

La investigación judicial fue archivada en 2011, porque aunque el juzgado instructor apreció posible delito en los hechos, no fue posible atribuir su perpetración a ninguna persona en concreto.

Y a mediados de diciembre de 2010, hace ahora justo 15 años, los aledaños del Ayuntamiento eran además el escenario de un grave altercado por el estallido de un artefacto de pirotecnia junto la fachada de la Plaza Nueva, en el marco de una protesta sindical de efectivos de la Policía Local. El incidente se saldó con dos periodistas heridos, hechos objeto de investigación por parte de la Policía Nacional y de un juzgado.

Aunque inicialmente la instrucción judicial incluyó la imputación de tres policías locales, la causa fue finalmente archivada en 2012, al zanjar la juez encargada del caso que no pesaban indicios para atribuir a estas personas la autoría de los hechos.

En 2012, ya con Juan Ignacio Zoido como alcalde, la plantilla de la Policía Local de Sevilla regresaba al foco, con una notoria huelga de celo o de «bolis caídos», como fue popularmente conocida entonces, traducida en un descenso de más del 90 por ciento en los boletines de denuncia por infracciones de tráfico en la ciudad; en el marco de las protestas de los agentes en demanda del abono de las horas extraordinarias adeudadas, que entonces se remontarían incluso a 2003.

Una medida, la de la reducción de las multas por aspectos como los estacionamientos indebidos, con no poco impacto en esta ciudad caracterizada por los perpetuos problemas de movilidad, otra de las grandes asignaturas pendientes.

Meses después, el propio Sindicato Profesional de Policías Municipales de España alertaba de la posibilidad de plantear una segunda huelga de celo de esta misma naturaleza, como medida de protesta de los agentes ante la aplicación municipal de los decretos promovidos por el entonces Gobierno central de Mariano Rajoy de racionalización del sector público, materializados en recortes como la supresión de la paga extraordinaria de Navidad.

Ya en 2014, la plantilla de la Policía Local protagonizaba una llamativa protesta, de nuevo ante el Ayuntamiento hispalense, con un equipo de megafonía reproduciendo música a alto volumen en plena Plaza Nueva y un agente a lomos de un burro y casco de la unidad de motorista, denunciando la «precariedad» del cuerpo en materia de recursos materiales y humanos y en demanda del pago de los servicios extraordinarios de Semana Santa y Feria, de nuevo las horas extra.

En 2015, el entonces defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Sevilla, José Barranca, incluía en su memoria anual su consideración de que el sindicato mayoritario de la Policía Local «es un mal endémico, un grupo de señores acomodados que le hacen la vida imposible a la corporación que sea. Y eso lleva así toda la vida». «Un profesional de la seguridad no puede montar el pollo en un salón de plenos o en la puerta del Ayuntamiento de manera estrambótica», aseveraba, afrontando por ello una querella por posibles injurias por parte del Sppme.

El año 2018 fue igualmente muy importante para el devenir de la Policía Local de Sevilla, pero por el juicio celebrado por la presunta filtración denunciada en las oposiciones promovidas en 2012 por el Ayuntamiento hispalense para cubrir plazas del cuerpo.

Si bien el Juzgado de lo Penal número diez absolvió finalmente a los 45 acusados, entre ellos 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo merced a dichas oposiciones; en la vertiente Contencioso Administrativa del asunto, el Juzgado número siete detectó «irregularidades invalidantes» y ordenó al Ayuntamiento retrotraer la oposición al momento anterior al caso práctico, anulando así el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados. Aunque la decisión judicial es firme, el caso ha vuelto al Supremo al recurrir el Ayuntamiento y los agentes afectados las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para que se ejecuten dichos ceses.

En 2021, durante el mandato de Juan Espadas como alcalde y con la sociedad aún intentando salir del antes y después marcado por la mortífera pandemia de coronavirus Covid-19 y las duras restricciones implantadas para combatirla; el entonces jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, denunciaba una supuesta huelga encubierta en la plantilla por una «incomparecencia masiva del 90 por ciento» de los agentes el 21 de mayo de ese año, en el marco de un conflicto laboral precisamente por las horas extra pendientes de pago desde la pandemia.

La Fiscalía, no obstante, archivaba igualmente esta denuncia, al no ser acreditado un perjuicio concreto al cual conectar el presunto delito denunciado.

Este sucinto repaso refleja así cómo los gobiernos locales de los últimos 25 años han tenido que lidiar con importantes tensiones derivadas de las reivindicaciones de la plantilla policial, resistiendo en esta última ocasión el Ejecutivo de José Luis Sanz el supuesto envite implícito en la oleada de ausencias masivas de los agentes asignados a los turnos del Plan de Navidad, en un marco de falta de acuerdo para las horas extraordinarias.

Y es que tras no prosperar inicialmente la propuesta del Gobierno local para las horas extra del Plan de Navidad, con 5,6 millones de euros para las mismas frente a los casi diez millones del anterior periodo navideño, al pesar los escollos de la Intervención municipal a dedicar más fondos; el alcalde y los sindicatos policiales han acordado finalmente «rescatar» esta propuesta, para su aplicación a partir del 19 de enero si no se tuerce la recuperación de la negociación.