La Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas: fin a una historia de promesas políticas

El proyecto impulsado por el anterior gobierno de PP y Ciudadanos sera realidad más de veinte años después de la foto del entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y la entonces consejera de Justicia, Carmen Hermosín, también del PSOE. Firmaban a bombo y platillo el protocolo para promover la Ciudad de la Justicia en los Gordales, junto al campo de la Feria y la actual parada del metro de Blas Infante.

Ya se llevaba varios años hablando del proyecto, desde mediados de los 90 incluso, cuando se señaló incluso el Pítamo o el Higuerón como ubicaciones ideales para este complejo.

Pese a los apoyos que parecía concitar la ubicación junto al campo de la Feria, un recurso del Gobierno central, propietario del terreno en un 79%, hizo que la Consejería de Justicia diera un extraño volantazo y se llevara el proyecto a terrenos del puerto a pesar de la cercanía de depósitos de carburante y la falta de conexiones. Hasta el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció un ramal del metro hasta allí. La Junta dio marcha atrás y volvió a mirar a Los Gordales.

En 2009, con Evangelina Naranjo como consejera se presentó algo más de detalle de la parcela para levantar el complejo. 40.000 metros cuadrados. Se anunció que el concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico se adjudicaría, según se dijo, en septiembre de 2009, dándose un plazo de 22 meses para la redacción y entrega del proyecto definitivo. Todo el plan quedó en nada cuando entró en la Consejería Begoña Álvarez, que tuvo que poner en marcha el «edificio puente» en la Buhaira.

Ni Álvarez ni luego Francisco Menacho dieron respaldo alguno a la Ciudad de la Justicia, el segundo de ellos escudándose en la llegada de un nuevo alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, quien propuso que, ante la falta de fondos para el proyecto en Los Gordales, se apostara a corto plazo por remodelar los actuales juzgados hasta convertirlos en la Ciudad de la Justicia.

La posición municipal sirvió a Emilio de Llera después para aparcar el plan alegando que el Ayuntamiento estaba en contra del mismo. La opción del Prado fue la que siempre defendió el decano emérito de los abogados, José Joaquín Gallardo.