Los casos de violencia machista en Sevilla se mantienen a niveles de hace un lustro

En 2024, según el informe mensual del Gobierno, el número de denuncias presentadas en estos juzgados de Sevilla fue de 7.860, interpuestas por 7.441 mujeres, de las el 85 por ciento eran de origen español. Esto supone una tasa de 39,9 denuncias por cada cien mil habitantes. Un año antes fue de 7.557. En 2023 la estadística se cerró en 7.307, mientras en 2019 (último año prepandemia), 7.386. En 2020 y 2021, las denuncias se redujeron a 5.487 y 6.102, respectivamente.

Pero hay más datos. En el registro de víctimas mortales, 2024 se cerró con dos mujeres asesinadas a manos de sus cónyuges. Una era vecina de Estepa y la otra de Sevilla capital. Ambas dejaron dos niños huérfanos de madre y en ningún caso existía denuncias previas ni órdenes de protección. Desde el año 2020 hasta el pasado 2024 han sido asesinadas 14 mujeres, siendo el año más negro el 2022 con cuatro víctimas mortales.

Con respecto a medidas e iniciativas de protección, el año pasado se dictaron 2.181 órdenes de protección en favor de mujeres víctimas de violencia machista, por las más de 1.500 del ejercicio anterior o las 1.889 de 2023. El sistema Viogén tiene activos, a 31 de marzo, más de 5.600 casos en Sevilla.

A pesar de las activas políticas en materia de violencia de género para poner freno a esta lacra, «las políticas son nada efectivas». Son palabras de María José Atoche García, abogada especializada en violencia de género y coordinadora del Colegio de Abogados de Sevilla del turno de oficio especializado. «No sé qué falla, porque se invierte muchísimo dinero», pero el número de víctimas no baja.

Intentando buscar algunas causas, esta letrada, curtida en casos de violencia machista y violencia sexual, subraya que el mensaje de la corriente negacionista, aunque sea minoritaria, va impregnando en las víctimas. El mensaje de que «una denuncia arruina la vida de un hombre» ha calado. Recuerda un asunto en el que la víctima vio cómo todas sus compañeras se pusieron de parte del varón denunciado.

Además, María José Atoche denuncia la falta de apoyo de la administración a las mujeres que denuncian o que, al menos, se atreven. Es «un maltrato institucional». Habitual ponente en foros de formación sobre la materia, siempre expone el mismo ejemplo: una mujer asomada al abismo de una ventana viendo debajo de a un agente de la Policía Nacional, a un guardia civil, a un juez... «El sistema le empuja a no denunciar», insiste en esta idea, detallando las primeras veinticuatro horas de una mujer que decide dar el paso tras ser víctima de un episodio de malos tratos, en cualquier de sus acepciones.

En la comisaría de Policía Nacional de Blas Infante, donde se encuentra la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), suelen estar, como mínimo, tres horas para interponer la denuncia. «Se mandan mensajes contradictorios». Cuando son atendidas son informadas de que tienen derecho al servicio de justicia gratuita, sin embargo «se les dice que –los abogados de guardia– tardan mucho tiempo». Si denuncian por la mañana, son citadas en el juzgado a las cinco de la tarde, pero al mismo tiempo todas las mujeres. Si denuncian por la tarde, irán a la mañana siguiente. Las introducen en un cuarto de «dos por dos» a la espera de ser llamadas por el juez. Allí, se «cuentan las penas unas a las otras, se retroalimenta». Si quieren ir al baño, son escoltadas por los agentes. Mientras, los presuntos agresores (que no están en prisión preventiva) están sentados en la sala de espera.

La experiencia de María José Atoche le lleva a concluir que es «una odisea de 24 horas». Ella es partidaria de promover «una ventanilla única» para las víctimas de violencia de género, donde tenga todos los servicios en un mismo edificio. A pesar de que la Ley integral 1/2004 de medidas para erradicar la violencia de género es «muy avanzada y pionera» con respecto a otros países, «el sistema hace aguas».