Bomberos de la provincia de Sevilla denuncian no haber sido formados por el Consorcio para usar los camiones que fueron paralizados

El pasado 18 de septiembre, ante la detección de deficiencias graves en materia de seguridad, entre los que se encuentran la falta de formación específica, la ausencia de protocolos y la evaluación de riesgos, los delegados de Prevención acordaron la paralización del uso de los vehículos, conforme al artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Fue una paralización en PRL, una herramienta legal para obligar a la actuación urgente de la ITSS y de la Autoridad Laboral, no un conflicto laboral.

El 29 de septiembre, la Delegación Territorial de Empleo dictó una resolución en la que se anula la paralización solo en términos formales de «riesgo grave e inminente», pero deja claro que deben cumplirse antes las obligaciones preventivas: evaluación de riesgos, planificación y formación de los trabajadores. Es decir: se levantó la paralización, pero no se autorizó el uso de estos camiones, con el consiguiente riesgo que ello implica a tenor de la falta de cualificación existente sobre los mismos.

Exigió entonces al Consorcio, dependiente de la Diputación de Sevilla, la Inspección de Trabajo hacer la evaluación de riesgos específica de estos vehículos y sus operaciones y garantizar la formación reglamentaria y acreditada del personal que los use. Sin embargo, desde CSIF Sevilla comprenden que esas obligaciones no se han cumplido, a pesar de que los vehículos ya se están utilizando sobre el terreno.

A pesar de tratarse de vehículos de trabajo en altura —considerados de riesgo grave y específico según la normativa de prevención—, fuentes sindicales indican que hay bomberos que no han recibido ni siquiera la formación básica en prevención de riesgos laborales para trabajos en altura, ni acreditación oficial alguna para operar este tipo de equipos.

Entienden por tanto desde CSIF que la puesta en marcha de estos vehículos responde únicamente a «fines de publicidad política, buscando generar una imagen de modernización y eficacia, ocultando deliberadamente que se están incumpliendo obligaciones legales básicas en materia de prevención», aluden. «El Consorcio carece de un Servicio de Prevención Propio (SPP), a pesar de que por la peligrosidad de su actividad está obligado a tenerlo según la normativa vigente. Y lo hacen de forma consciente, porque un Servicio de Prevención Propio no habría permitido poner en uso ningún vehículo ni equipo sin la formación y evaluación previa que garantizan la seguridad de los bomberos y de la ciudadanía a la que protegen», precisan.