Batalla judicial por el vertido de la mina de Aznalcóllar: la Junta defiende su actuación «científica» y Boliden alega que se ha engordado la factura

Por delante quedan varios días de juicio. Pasarán hasta una docena de testigos y un perito, propuestos por la Junta y las tres empresas demandadas: Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV.. Pero desde la primera sesión han quedado claras las posiciones. La decisión está en manos del juez José Manuel Martínez, aunque todo hace presumir que no terminará aquí este litigio, sobre todo si se tiene en cuenta el «peregrinaje judicial», como dijo el Supremo, del desastre medioambiental de Aznalcóllar provocado por el vertido tóxico.

La Junta argumenta que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas. Se perdieron 3.000 hectáreas agrícolas. La riada tóxica avanzó más de 60 kilómetros y fue frenada tres días más tarde, a las puertas de Doñana gracias a que se levantó un dique. Boliden, en cambio, defiende que retiraron los lodos «de forma voluntaria», algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro.

Javier Serrano Aguilar fue hasta 2001 coordinador de la Oficina Técnica de Restauración del Guadiamar. Ha sido el segundo testigo de la mañana pero su relato ha sido minucioso, detallado y favorable a las tesis de la demandante. Todas las actuaciones acometidas y cuyo coste reclama la Junta de Andalucía a la empresa «fueron motivadas por el vertido».

Jubilado hace mes como funcionario en la Junta, este ingeniero de Montes ha explicado que cuando se rompe la balsa toda la administración se volcó ante una emergencia con consecuencias ambientales, sanitarias, etc. Los primeros días existió un poco de caos, hasta la creación de un órgano de coordinación política y la citada oficina técnica, que debía controlar y supervisar las obras de las administraciones y de las empresas contratadas.

Ha resumido las actuaciones de la Junta en la retirada de los lodos, la inmovilización de los metales, controles ambientales y la recuperación ecológica. «El vertido era de tales dimensiones, que no había referencia mundial». Pero todo se hizo con «asesoramiento científico». No se podían «copiar» medidas. Hubo que innovar.

La prioridad era retirar el lodo contaminante antes de las lluvias de otoño para evitar que llegara a Doñana y al estuario. Pese a todo «nunca se ha podido decir que se ha eliminado la contaminación, hay zonas contaminadas aún», veinticinco años después.

Después se evaluaron los suelos afectados. Había que estudiar los efectos a corto y largo plazo. En este punto de su testifical ha valorado la actuación de Boliden. Fue la encargada de retirar con maquinaria pesada el lodo más cercano a la mina y a la balsa, con mayor concentración de materiales muy pesados. Aunque al recoger los sedimentos se llevaron por delante parte de suelo. Fue un trabajo de recuperación «estilo minero», nada fino. Además, ha recordado que pagó diez millones y medio a los agricultores por la cosecha perdida.

En los primeros compases tras la rotura de la balsa, Boliden tuvo una actitud colaboradora, quizás porque estaba pendiente de que la Junta le concediese la autorización para iniciar la actividad minera en una nueva corta. Cuando vio que en aquel contexto la mina no era rentable, «cuando se acabó del dinero, se fue».

Tanto Serrano Aguilar, como José María Arenas, miembro de la oficina técnica desde 1999, ha apuntado que detrás de la rotura de la balsa está la acumulación de agua por encima de las cantidades permitidas. Había 1.600 piscinas olímpicas. De hecho, Arenas ha recordado tras una denuncia de Ecologistas sobre la situación de la balsa se adoptaron algunas medidas por parte de la empresa, pero la acumulación de agua fue determinante para la existencia de tales cantidades de lodo, que sólo frenó el dique que se construyó antes de Doñana.

Ha insistido en que, a diferencia del 'Prestige', en Aznalcóllar la prioridad de las administraciones era actuar, limpiar y después reclamar, porque aquel desastre tuvo repercusiones económicas en la agricultura local, en el turismo, medioambientales, etc. Todas las actuaciones tuvieron «un criterio y base científica» y se hicieron para paliar dichos efectos. La limpieza le supuso a la Junta 46 millones de euros. Y después hubo de hacer una segunda limpieza.

Ha defendido el Corredor Verde que se creó como resultado final de todas las actuaciones. Se hizo «aprovechando el desastre» medioambiental, porque la idea era que alcanzase la categoría de 'corredor ecológico', pero las autoridades científicas descartaron conceder dicho marchamo. La imposibilidad de volver a la actividad agrícola motivó las expropiaciones de terreno. «Si el vertido no hubiera existido, el corredor no hubiera existido nunca».

«Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas», ha asegurado, apuntando los efectos en la economía local. Y en este sentido ha asegurado que la barrera hidráulica que construyó Boliden en la balsa está rota y sigue filtrando agua al río Agrio. «Contaminación por los siglos de los siglos», ha advertido.

Todo se hizo con fondos de las administraciones autonómicas y nacionales porque la Unión Europea se negó a destinar partidas económicas, apuntando que tenía que afrontarlas la empresa. Tanto Serrano Aguilar como los otros dos testigos, José María Arenas, como Juan Antonio López Domecq, quien fuera jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente de Fuensanta Coves entre 2000 y 2004 y después secretario general técnico de dicha consejería, han admitido que el primer reto era recuperar las tierras para los agricultores, pero fue imposible. «Nunca se va a recuperar la calidad de los suelos», según Serrano Aguilar.

Por tanto, se determinó que los suelos ya no tendrían vocación agrícola sino forestal. En su intento de restar relevancia a las tareas de recuperación ambiental por parte de la Junta y con ello rebajar la factura de la indemnización, la defensa de Boliden ha preguntado si tuvieron en cuenta que la cuenca del Guadiamar estaba contaminada.

Serrano Aguilar ha respondido que históricamente sí por los restos procedentes de la mina del Castillo de las Guardas, pero desde que en 1977 se construyó la presa del Agrio no hay contaminación de fondo. Igualmente, ha defendido la política de expropiación de las administraciones. «No quedaba más remedio». Boliden pagó diez millones y medio a los agricultores afectados por la cosecha perdida en 1998. Si lo hubiera tenido que pagar cada año desde hace 25...

Los tres testigos han defendido la política de contratación de la Junta de Andalucía con terceros para los trabajos de recuperación, después de un primer año de emergencia donde se acudió a procesos más rápidos. «Se podía contratar hasta verbalmente», según Serrano Aguilar.

«Todos los expedientes (administrativos de contratación) hechos con arreglo a procedimiento», ha aseverado López Domecq, que ha indicado que en el informe firmado por él en 2004 y elaborado por la Oficina Técnica de Recuperación del Guadiamar se señala que los trabajos iniciales de Boliden para recuperar la zona son «cuestionados» por su adecuación.

Una vez que se decidió que los suelos no volverían a ser agrícolas tras la limpieza, había que determinar qué pasos dar. Una posibilidad era dejar los terrenos tal y cómo estaban para ver su evolución, lo que tenía muchos riesgos- «Esto era una bomba de relojería». O la restauración desde un punto de vista forestal. Fue la decisión adoptada finalmente. «Se decidió naturalizarlo, con plantas naturales, sin mucha carga de mantenimiento. No había modelos que seguir en zonas próximas».

Serrano Aguilar ha manifestado que decidieron «no hacer un jardín, sino una zona natural», pese a que se convertiría en una zona no productiva, ni agraria ni forestal. La solución no se consultó con Boliden porque «para entonces se había quitado de en medio».

Juan Antonio López Domecq ha calificado el proyecto de recuperación de «imprescindible y necesario». Era un cargo de confianza de la Consejería, que después fue concejal en el Ayuntamiento de Granada durante unos años, lo que ha intentado reseñar la defensa de Boliden para restar credibilidad a su testimonio. Firmó un informe fechado en febrero de 2004 a instancias de los servicios jurídicos de la Junta sobre la restauración de la zona afectada por el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes. Sobre dicho informe ha girado su interrogatorio.

Mientras el letrado de Boliden-Apirsa insiste en que la demanda de la Junta incluye cantidades «no imputables» a la empresa, como los gastos por labores adicionales e «innecesarias» de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar; López Domecq ha defendido que el proyecto del Corredor Verde estuvo «íntimamente unido a la restauración» de la zona afectada. No bastaba con una «restauración meramente estética».

El testigo, que recordado la gran «alarma social» que suscitó aquella catástrofe medioambiental, ha asegurado que el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar no fue planteado antes de que aconteciese la rotura de la balsa.

La primera vez que la Junta llevó este desastre ecológico, con importante repercusión para la economía andaluza, a los juzgados fue a la vía penal, que se cerró en 2001 cuando la Audiencia de Sevilla archivó la causa. Después los abogados de la Junta presentaron una demanda civil que también fue inadmitida.

Esto llevó al Gobierno andaluz a imponer en 2004 a Boliden una multa por casi 90 millones por la vía contencioso-administrativa, pero el Boliden recurrió y ganó. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 2007, y el Tribunal Supremo, en 2011, le dieron la razón.

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De forma paralela, el Gobierno central ganó en el Tribunal Supremo a Boliden una reclamación de 43 millones, lo que se había gastado en la limpieza de los terrenos afectados por el lodo vertido. Pero la empresa española Boliden Apirsa se declaró en quiebra y este asunto está en un juzgado mercantil de Sevilla, que se encarga del concurso de acreedores, y que está esperando la respuesta del proceso civil para su pronunciamiento.