Así consta en la carta que ha remitido el director de la sucursal de la capital hispalense al alcalde José Luis Sanz y que entró ayer en el registro del Consistorio. Lo primero que llama la atención de la misma es que se dirija personalmente al primer edil, cuando las gestiones las ha llevado directamente la Gerencia de Urbanismo. Más allá del aspecto formal, que se suma, según fuentes municipales, a otros reparos del Banco de España a actividades impulsadas por el ejecutivo del PP, el contenido de la misiva es tajante en cuanto a la negativa a la instalación de los toldos, a pesar de que dicen ser «plenamente conscientes de los inconvenientes que el calor puede causar a los ciudadanos» y «la necesidad de implantar medidas que puedan paliar esta situación».
Entrando en el asunto de los anclajes, la carta advierte de que, «como hemos insistido, estas medidas (contra el calor) deben garantizar absolutamente la integridad de nuestro edificio que, como se conoce, es uno de los bienes patrimoniales más importantes de esta zona». Sin embargo, y una vez analizada la propuesta de Urbanismo, «consideramos que no cumple con los requisitos que planteamos hace meses». Finalmente, se muestran dispuestos a encontrar «una solución que nos satisfaga a todos para próximas ocasiones», insistiendo en que «el bienestar de los ciudadanos es alguno fundamental».
El corte de uno de los cables
La negativa del Banco de España a colocar los anclajes que faltaban sobre su fachada no fue el único sobresalto con el que se topó ayer el gobierno de José Luis Sanz en el controvertido asunto de los toldos. A lo largo del día, se tuvo conocimiento de que habían cortado uno de los cables tensores que estaba fijado a la fachada del número 36 de la Avenida de la Constitución y que incluso se habían retirado los anclajes de la misma. Fuentes municipales indicaron que los propietarios del inmueble les habían informado que esta decisión estaba motivada por el hecho de que no se les hubiera solicitado el permiso para esta acción y que, en consecuencia, se había optado por retirarlo. Paralelamente, la Gerencia de Urbanismo anunció que iba a iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido, adoptando «las medidas oportunas» con los responsables.
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