El Ayuntamiento de Sevilla revisará cada tres meses la nueva limitación de pisos turísticos

Al margen de este nuevo planteamiento, la realidad es que el debate entre las formaciones políticas, y también el principal punto de fricción, sigue estando en el porcentaje total de viviendas de cada barrio que puede destinarse a este fin turístico. Este lunes, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha insistido en que las modificaciones de la propuesta inicial deben hacerse «siguiendo siempre criterios legales y no arbitrarios y en base al 10 por ciento establecido». Así, ha recordado que «la propuesta que planteamos es un procedimiento legal, reglado y ordenado frente a los porcentajes arbitrarios que pide la oposición, que genera inseguridad jurídica, y que supone un bloqueo, que hace que sigan aumentando las viviendas».

Por ahora, la nueva propuesta del gobierno municipal que se pretende aprobar en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo de este miércoles tiene como novedad que sería revisada cada tres meses en lugar de anualmente y, además, incorpora una fiscalización de los porcentajes, que deben seguir siempre criterios legales y técnicos y no arbitrarios. Un planteamiento que va a ser remitido a los grupos de la oposición en las próximas horas y que contempla, entre otros cambios, la revisión del impacto en las zonas de alto esfuerzo familiar, en las zonas acústicamente saturadas y zonas de especial protección.

El gobierno ha anunciado además la creación de una mesa de seguimiento «con carácter mensual» que tendrá como tarea la evaluación de la aplicación de la propuesta, así como la incorporación de los cambios necesarios. Para ello, se tendrán en cuenta las peticiones de licencias o mercado de alquiler y siempre amparados en los requisitos establecidos. Hasta entonces, De la Rosa ha insistido en que «seguiremos poniendo en marcha medidas que nos permitan incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico», recordando que «la primera de ellas» fue la solicitud a la Junta de Andalucía para la descalificación de 715 viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU. También se ha puesto en marcha un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales.

Para sacar adelante esta propuesta, el gobierno municipal necesita el apoyo de al menos uno de los tres grupos de la oposición. El resto de fuerzas está por ahora a la expectativa de lo que ocurrirá, aunque reconocen que las posturas están algo lejanas. Desde el PSOE han asegurado que están «a la espera» de recibir por escrito la propuesta del ejecutivo local, pero celebran que se hayan mostrado «abiertos» a rebajar el porcentaje del 10% de pisos turísticos sobre el total de viviendas residenciales. El concejal socialista Francisco Javier Páez ha recordado que su «propuesta inicial» rebaja este límite al 2,5 por ciento, lo que «implicaría no autorizar ni una sola vivienda turística más y que sobren 995».

En Vox, por su parte, han insistido también en rebajar ese porcentaje, aunque no lo ven como una opción cercana. «Salimos de la reunión con la sensación de que el gobierno no tiene intención alguna de modificarlo», ha señalado su portavoz Cristina Peláez, que ha acusado al gobierno municipal de haber cometido «una chapuza». Frente a ello, proponen «iniciar de nuevo» el proceso de regulación de los pisos turísticos, ya que «es preferible perder tres meses más, que aprobar una chapuza que luego haya que modificar».

La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, también ha sido crítica con la situación actual tras la reunión mantenida este lunes con el gobierno municipal. Al término de este encuentro, ha lamentado que el ejecutivo de José Luis Sanz insista «en quedarse en su posición inicial» y que «esté representando los intereses del lobby turístico por encima de las demandas de los vecinos». Así, ha recordado que «cada día que se mantiene el bloqueo de esta situación, se están inscribiendo entre cinco o seis viviendas más en la ciudad».