La cubierta de Fibes está en una situación «crítica» 13 años después de la ampliación que proyectó Vázquez Consuegra

Hasta el momento, todas estas carencias de conservación del espacio que proyectó el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra no han desembocado en una paralización de la actividad de Fibes, algo que supondría la ruina económica de una sociedad –Contursa– que tiene una situación financiera muy delicada, y que incluso ha obligado al gobierno de José Luis Sanz a aprobar un plan de viabilidad para su supervivencia. Pero las deficiencias, como recoge el mismo informe, sí han derivado en medidas provisionales de urgencia para evitar que la problemática vaya a mayores. Los primeros daños se detectaron a finales de 2012, sólo unas semanas después de que la ampliación se inaugurase con un concierto, aunque, según Contursa, «ya se conocían con anterioridad» a la recepción de las obras.

Sin embargo, la apertura de un procedimiento judicial para reclamar las responsabilidades de aquellos desperfectos impidió que se solucionaran en su momento. Fue Emvisesa, la empresa municipal a la que el gobierno del socialista Sánchez Monteseirín encomendó la construcción de Fibes 2 en el año 2007, la que presentó esta demanda contra Fibes Sevilla UTE, la unión temporal de empresas formada por Acciona Infraestructura, Instalaciones Inabensa y Heliopol que había llevado a cabo los trabajos. Por este motivo, «se nos indicó que no se podía tocar la cubierta» y, como consecuencia, «aumentaron los problemas, daños y reclamaciones de los clientes», advierte Contursa. Tal es así, que se arbitraron algunas medidas para la recogida de aguas en la parte inferior de los techos afectados por las filtraciones. Para ello, se hizo uso de la cámara de aire con pasillos técnicos de unos tres metros de altura que existe debajo de la cubierta, con el fin de «recoger, conducir y expulsar» el agua al exterior.

Tres informes periciales encargados por Emvisesa en octubre de 2018, con el socialista Juan Espadas al frente de la Alcaldía, ratificaron los problemas en la cubierta. Pero entonces, el ejecutivo municipal tampoco hizo nada por solucionarlos. Esto provocó, como señala Contursa, que «el agua siguiera buscando sitios nuevos para entrar» y provocando que en los eventos que allí se celebran haya «de manera permanente dos personas verificando siempre los puntos de entrada, las condiciones provisionales y con capacidad de reacción para las nuevas entradas que siempre aparecen». Una situación que supone «costes económicos importantes» en personal e «innumerables pérdidas por reclamaciones de clientes al caerles agua en su evento», ya que «nuestro seguro se desentiende al ser cuestiones de mantenimiento».

Ahora, y tras más de una década sin afrontar las múltiples deficiencias, el gobierno de José Luis Sanz está decidido a afrontar esta reforma a través de la colocación encima de la cubierta de un nuevo revestimiento que permita reconducir de manera eficiente el agua a los bajantes actuales. Los informes periciales encargados en 2018 cuantificaban el coste de las mejoras en algo más de 4,5 millones, de los que gran parte irían a la cubierta, mientras que el resto (400.000 euros) se destinarían a patologías en los tabiques móviles, la fijación del telón y el drenaje del patio, la iluminación de peldaños o las instalaciones de media tensión, climatización y fontanería. Pero la realidad es que el aumento del coste de materiales y la subida de precios harán que esta cifra se multiplique «por dos o por tres», según fuentes consultadas.

La ampliación de Fibes supuso la ruina económica de Emvisesa. No pareció muy lógico que esta encomienda se realizara a una sociedad cuyo fin es la construcción de vivienda pública, mucho menos teniendo en cuenta que aquella actuación le obligó a desembolsar casi 20 de los 100 millones que finalmente supuso el proyecto de Vázquez Consuegra, con un sobrecoste muy amplio. El resto llegó de aportaciones de fondos europeos y de otras administraciones. A Emvisesa se le compensó con la cesión de dos parcelas anexas al Palacio de Exposiciones y Congresos, la R1 y R2. Desde 2014, los terrenos han estado sin uso, hasta que ahora el gobierno de José Luis Sanz ha vendido una de ellas por 14 millones para construir 700 viviendas y tiene apalabrada la enajenación de la otra, salvo que Contursa la aproveche.

Pero en la cuenta total, Emvisesa salió perdiendo. La empresa municipal presentó en 2018 una reclamación a la UTE Fibes Sevilla por las patologías detectadas y que avalaban los tres informes periciales realizados por Geyser y Ambiner Ingeniería. En ella solicitaba la asunción de estos 4,5 millones. No obstante, el gobierno de Juan Espadas, a raíz de varios informes internos, decidió alcanzar un acuerdo en 2020 con Acciona, Inabensa y Heliopol para evitar el juicio. El mismo señalaba que de los 2,7 millones que Emvisesa había retenido durante las obras a la UTE en concepto de garantía se iban a devolver 1,5 millones, mientras que los 1,2 millones restantes se quedarían en la empresa municipal en concepto de compensación. Una cifra que no alcanza para afrontar el presupuesto de las patologías en la cubierta, por lo que la cantidad restante tendrá que ser asumida por el Ayuntamiento de Sevilla tras el cierre en falso en su día de ese conflicto.