El Ayuntamiento de Sevilla mantiene una estructura administrativa «de pueblo»

Pese a que la norma que impulsó el por entonces alcalde de Madrid y posterior ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, fue recurrida, el Tribunal Constitucional la ratificó cuando era regidor hispalense Juan Espadas. El ahora secretario general de los socialistas andaluces renunció a su aplicación pese a que el nombramiento de un segundo secretario municipal hubiera favorecido la tramitación de proyectos y expedientes. Tampoco la aplicó su sucesor, Antonio Muñoz, manteniendo así un cuello de botella y una merma en la fluidez administrativa, ya que todo debe pasar por el actual secretario general del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores. 

De hecho, en julio de 2021 la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, dependiente de la consejería que encabezaba Juan Marín, realizó un requerimiento al Ayuntamiento para que adaptara la estructura municipal, al carecer de un secretario titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno local. Espadas desoyó el escrito y, el pasado 21 de septiembre, el alcalde José Luis Sanz recibió otro reiterando el anterior al «no haber tenido conocimiento de que se hayan iniciado los trámites de adaptación a la normativa vigente».

Fuentes municipales explicaron a ABC que la creación de dos secretarías independientes permite usar herramientas que agilicen los trámites internos pero que, por alguna razón, el PSOE prefirió apostar por la estructura «de pueblo» -tal y como la califican estas mismas fuentes- con un sólo secretario general por el que tiene que pasar absolutamente toda la administración local.

La intención del gobierno de José Luis Sanz es crear un nuevo puesto de secretario. Para ello, hay que modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para definirlo y que desaparezca la Secretaría General. El puesto de secretario del Pleno debe recaer en el actual habilitado nacional Luis Enrique Flores, que podría tener también competencias sobre las empresas municipales; y crear una nueva secretaría titular para la Junta de Gobierno. 

La Ley permite repartir competencias y funciones, y que sean independientes entre sí. Es decir, que los expedientes que se tramitaran directamente desde el gobierno municipal pasarían por el nuevo secretario; y los del Pleno, por Flores. Ambos puestos son de libre designación.

Según estas fuentes, esto supondrá «un revulsivo» en cuanto a la organización del Ayuntamiento y la diversificación de recursos y vías de tramitación, simplificación de firmas...

El actual secretario general, entonces, perderá una vez se dividan los dos puestos la gestión y asesoramiento administrativo de las cuestiones que surjan de la acción de gobierno. Se trata de un puesto muy sensible en cuanto a las relaciones con Alcaldía, ya que de la labor de un secretario depende la fluidez de la tramitación de un proyecto.

Por su parte, ayer la portavoz adjunta del PSOE en el Consistorio, Sonia Gaya, restó importancia al hecho de que el Ayuntamiento no se haya adaptado plenamente a la 'Ley de Grandes Ciudades'. Gaya, que tachó este asunto como una «cortina de humo», explicó que el requerimiento que desatendió el anterior gobierno socialista forma parte de «una estructura interna» de la administración local, que «surge de una interpretación de la Ley sin que afecte para nada a cuestiones de financiación municipal».

En este sentido, añadió que, hasta ahora, la labor de control jurídico la han ejercido un secretario general y un oficial mayor, «ambos cuerpos habilitados por el Estado, y lo que interpreta la Junta de Andalucía es que sean dos secretarios generales».

En realidad, el actual organigrama del Ayuntamiento no trae consecuencias directas sobre la financiación por el hecho de no estar adaptado plenamente a la conocida como 'Ley Gallardón' de 2003. No existe, de esta forma, ningún mecanismo ni auditoría que pueda medir el impacto negativo que haya supuesto la inexistencia de un secretario titular para la Junta de Gobierno.

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Sin embargo, en la práctica, los actuales miembros del ejecutivo de Sanz sí han notado problemas en la tramitación y el embudo que produce el hecho de que sólo exista un secretario general y un oficial mayor, que depende directamente del anterior. Por ello, uno de los cambios fundamentales que va a llevar a cabo el alcalde tras estos primeros cien días de gobierno es modificar la RPT y garantizarse un sistema más moderno y que aporte mayor autonomía y fluidez a un órgano como es la Junta de Gobierno, como ocurre con el resto de administraciones superiores.