El Ayuntamiento de Sevilla cortará el agua a los pisos turísticos que no tengan licencia
El gobierno municipal y la Junta de Andalucía establecen un protocolo con diez medidas para limitar los apartamentos irregulares
La Gerencia de Urbanismo ya ha solicitado la retirada de 715 viviendas del registro turístico andaluz por incumplir el actual PGOU
El gobierno de José Luis Sanz quiere aprobar la regulación de pisos turísticos en septiembre

La falta de regulación del fenómeno de los pisos turísticos en Sevilla ha provocado un efecto llamada en la presentación de solicitudes de nuevas licencias en la ciudad y, en consecuencia, en el número de ellos que no se ajustan a los parámetros que ... se recogen en la legislación actual. Para hacer frente a esta compleja situación, el Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía han establecido un protocolo que pretende actuar con firmeza contra los apartamentos de uso turístico que se encuentran en una situación irregular. El plan cuenta con una decena de medidas que van desde la retirada de su inscripción en el registro andaluz hasta la puesta en marcha de acciones coercitivas que obliguen a sus propietarios a desistir de esta práctica empresarial.
Una de ellas, quizás la más restrictiva de todas las previstas, será el corte del suministro de agua. El gobierno municipal ha establecido un mecanismo en colaboración con Emasesa que le permitirá dejar de inmediato sin este servicio a aquellas viviendas que, a pesar de haber sido eliminadas del registro de la Junta de Andalucía, sigan ejerciendo la actividad turística de forma ilegal. Consideran que esta solución extrema es una medida irrefutable para que los promotores cesen en su empeño de continuar ofertando los pisos que no se ajusten a la legalidad como alternativa de alojamiento para aquellos que visiten Sevilla. Habrá también otra serie de medidas sancionadoras, que en este caso todavía están por determinar, que afectarán a los titulares que insistan en la explotación de los pisos de uso turístico, a pesar de haber sido advertidos de que tienen que poner fin a esta práctica.
Pero para llegar a ese punto, previamente es necesario que las viviendas dejen de formar parte del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, que es el que da oficialidad a su actividad como alojamiento de estas características. En estos momentos, el Ayuntamiento hispalense ya ha notificado al Gobierno andaluz la existencia de 715 pisos que incumplen la modificación 44 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, con el objetivo de que se cancele su inscripción en el listado oficial. Será ahora la Consejería de Turismo la que tenga que revisar una a una todas las declaraciones responsables que les ha hecho llegar la Gerencia de Urbanismo, antes de tomar una decisión definitiva sobre ellas. Fuentes municipales han asegurado a ABC de Sevilla que este proceso es lento y que puede prolongarse, aproximadamente, durante unos dos meses. Entre otras cosas, porque depende del número de efectivos que Turismo destine a este fin.
Como complemento a esta medida, el gobierno de José Luis Sanz se ha fijado como tarea la revisión de todas las declaraciones responsables del Registro de Turismo de la Junta que existen desde la entrada en vigor de este cambio en el PGOU, de modo que no quede inscrita ninguna vivienda turística que no se ajuste a la normativa que actualmente está en vigor. Así, considera el ejecutivo local que se podría empezar a resolver el problema de masificación de estos pisos que sufren algunas zonas saturadas de la ciudad, especialmente el Casco Antiguo y Triana, aunque lo cierto es que esta problemática afecta cada vez a más barrios de la ciudad. Una expansión del fenómeno que está motivada por el incremento de solicitudes que se han registrado en las últimas semanas, sobre todo desde que se anunció la intención del Ayuntamiento de regularlas.
Compromiso municipal
Una de las propuestas que el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa como parte de este protocolo es su compromiso de dar traslado de un mínimo de apartamentos turísticos irregulares para su revisión. Su intención pasa porque al menos una decena de declaraciones responsables sean trasladadas cada semana a la Junta de Andalucía para que sus profesionales las analicen con todo detalle, especialmente en el caso de aquellas que se dejarán sin efecto. Para agilizar al máximo los plazos, el Ayuntamiento también prevé enviar los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo certificados que determinan la incompatibilidad urbanística, sin necesidad de iniciar en el Consistorio este procedimiento.
Por otro lado, y para ordenar las revisiones de las viviendas que ya estén inscritas en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, se han adoptado una serie de criterios que permitan no tener que entrar en el fondo de la documentación. Es decir, para delimitar una serie de criterios que den preferencia a algunos casos frente a otros. Por ejemplo, todos aquellos pisos que se encuentren por encima de la planta primera, que estén situados en el Casco Antiguo y en Triana, y que además no tenga un acceso independiente, serán los primeros en revisarse.
La última vía de actuación de este acuerdo se centra en la relación existente entre las viviendas turísticas y los vecinos de las fincas en las que se ubican. Así, se pretende poner un especial énfasis en aquellos pisos que estén generando problemas de convivencia con los residentes en el edificio. Se contará para ello con un aumento de las inspecciones y con la colaboración de la Policía Turística. Estos agentes, además de los representantes de la Consejería de Turismo, se incorporarán a las reuniones mensuales que se celebren en la Gerencia de Urbanismo para abordar asuntos vinculados con esta realidad.
Finalmente, desde el Ayuntamiento de Sevilla se tendrá especial celo con aquellas viviendas que se encuentran inscritas en el registro pero que carezcan de ocupación, procurando también que dejen de forma parte de este listado turístico.
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