La Audiencia de Sevilla rechaza otra vez que se analicen los móviles de los otros implicados en el caso de Marta del Castillo

Esta decisión de la Sección Tercera se recoge en un auto, facilitado a los medios por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que desestima el incidente de nulidad presentado por la defensa de Antonio del Castillo y Eva Casanueva contra una resolución anterior del mismo tribunal, en el que ya negaba que se analizaran los teléfonos de estas personas y ordenaba el cierre de la pieza separada que existe en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla para la búsqueda del cuerpo de la joven asesinada el24 de enero de 2009.

Esta decisión, como era de esperar, fue recurrida por la familia de Marta del Castillo a través del citado incidente de nulidad, ahora desestimado y por el que el tribunal condena a los padres en costas. En el auto notificado este miércoles a las partes, la Audiencia de Sevilla vuelve a rechazar la prueba solicitada por los padres para analizar los móviles de todos los implicados con el objetivo de conocer los movimientos de éstos la noche del crimen por si estos posicionamientos pudieran derivar en una nueva línea de investigación para su hallazgo.

El juez que autorizó la prueba sólo permitió que se analizara el móvil de Carcaño, el asesino, y la víctima. La Audiencia aprobó esta decisión. El informe sobre el teléfono del único condenado está terminado, según detalló a este periódico el propio perito judicial, Manuel Huertas.

Pero en este auto, bastante farragoso, el tribunal vuelve a pronunciarse sobre si la pieza judicial para la búsqueda del cuerpo debe cerrarse o no. El juez la mantiene cerrada provisionalmente a la espera de novedades o indicios sobre el paradero del cadáver para su reapertura, el fiscal del caso insiste en que no tiene fecha límite porque no se investigan hechos ni investigados y la familia tampoco considera que deba clausurarse. Distinta opinión ha expresado la Sección Tercera de la Audiencia por dos ocasiones.

En el auto de octubre, el tribunal señaló que en base al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos de duración de la instrucción, esta causa separada para la búsqueda debió cerrarse hace mucho tiempo.

En el auto notificado hoy insiste en esta idea, aunque de manera menos clara. Un ejemplo: «Si bien nadie cuestiona la decisión del instructor de practicar la pericia sobre los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, ello debe quedar al margen de esta pieza separada que debió declararse terminada al recaer sentencia firme en el procedimiento penal al que estaba vinculada».

Es un párrafo del auto, que continúa indicando que «en ningún caso procede mantener una investigación sine die, sin justificación para la intervención judicial, y, menos, cuando lo que se pretende es la práctica de nuevas diligencias que afectan a derechos fundamentales de personas ya enjuiciadas».

Pero el tribunal insiste en su postura. Recuerda que esta pieza tiene como «única misión» la realización de gestiones para la búsqueda del cuerpo de Marta y su tramitación estaba vinculada a la finalización del sumario que justificaba su incoación. A pesar de que admite que dicha pieza no resulta regulada por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisa que sí está vinculada a la conclusión del procedimiento principal.

La Audiencia de Sevilla insiste en que la búsqueda del cuerpo de Marta no tiene límites temporal, pues en todo momento la Policía Nacional o el Ministerio Fiscal pueden «y deben» realizar las indagaciones que estimen necesarias para su descubrimiento, pero ello «no puede conllevar la continuación de un procedimiento ya acabado», y menos afectar a derechos fundamentales de personas que ya han sido juzgados como el hermano de Carcaño, María García o Samuel Benítez.

El tribunal concluye sus explicaciones a este respecto expresando que «menor sustento legal tiene mantener una investigación separada al proceso penal cuando éste ha concluido, sin plazo para su instrucción como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es lo que ha sustentado nuestro pronunciamiento desestimatorio del recurso de apelación de la familia»