Una alumna discapacitada de un colegio de Sevilla lucha desde hace dos años por un intérprete de lengua de signos

Así figura en una resolución emitida el pasado 11 de junio por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo, de propuesta «provisional» de resolución de la convocatoria para adhesión al régimen de conciertos educativos con centros docentes privados de Andalucía, a partir del curso académico 2024/25, documento ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución refleja la denegación de la creación de una nueva unidad de educación básica especial de apoyo a la integración en el mencionado colegio sevillano, una unidad que según la madre de esta alumna debía incorporar la figura de intérprete de lengua de signos que abordase las necesidades escolares de su hija.

El motivo esgrimido por la Administración educativa para dicha denegación sería que la propuesta de nueva aula de integración en el colegio San Antonio María Claret no cumpliría, según el texto, «con el requisito de satisfacer necesidades de escolarización, teniendo en cuenta que, según la planificación (...) existen plazas vacantes suficientes en la zona considerando la oferta de los centros públicos y privados concertados de la misma, teniendo en cuenta asimismo las disponibilidades presupuestarias».

Ello, cuando según la familia de la alumna, la Delegación Territorial de la Consejería había «reconocido» tiempo atrás «la necesidad de la creación de dicha plaza» de intérprete de lengua de signos en el colegio San Antonio María Claret; con lo que la madre de la menor ha criticado duramente la decisión denegatoria de la Administración educativa, anunciando que ha decidido elevar el asunto a la Defensoría del Menor de Andalucía; tras no prosperar la denuncia interpuesta anteriormente en la Fiscalía.

Y es que según esta madre, de la denegación de la propuesta de nueva unidad de apoyo a la integración con intérprete de lengua de signos se deduce que la Consejería aboga por que esta alumna acuda a otro centro que cuente ya con tales recursos, cuando ella está «completamente integrada» en el colegio concertado San Antonio María Claret, donde este curso ha contado con tres meses de asistencia por parte de una intérprete «en prácticas» incorporada por el propio centro.

Según la madre de la alumna, esta niña sufre una discapacidad auditiva, en concreto hipoacusia severa profunda, y también motriz, del 66 por ciento, y «desde octubre de 2022», cuando se inicio el proceso para proceder a un nuevo dictamen de escolarización por parte del equipo de orientación educativa, sigue «en espera de los recursos necesarios para su correcto desarrollo académico y personal».

Es decir que transcurrido todo este tiempo, la alumna aún está a la espera de que se le asigne específicamente un intérprete para lengua de signos que la asista dentro del aula.

La madre precisa que en septiembre de 2022, la familia de la menor y el equipo de orientación del colegio solicitaron un nuevo dictamen de escolarización porque aunque la alumna usa audífono, habría quedado de relieve que «no estaba recibiendo toda la información, no se estaba enterando y se encontraba muy perdida» en el transcurso de las clases.

Tras las oportunas gestiones, según su relato, ya en marzo de 2023, el equipo de orientación educativa de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un nuevo dictamen de escolarización, reconociendo según esta madre el derecho de su hija a contar con un intérprete de lengua de signos «dentro del aula» como apoyo para su aprendizaje.

A partir de ahí, según su narración, tal dictamen fue expuesto a la Delegación Territorial y a diferencias instancias de la misma, como el responsable de la Inspección Educativa, el inspector responsable de la zona, el responsable de Planificación e incluso el delegado territorial del ramo, Miguel Ángel Araúz.

La dirección del colegio, según esta madre, «también procedió a solicitar dicha figura» de intérprete de lengua de signos merced al nuevo dictamen de escolarización, si bien se le habría comunicado en respuesta que la petición «estaba fuera de plazo y que no era el modo o procedimiento para solicitar dicha figura», con lo que el centro «tenía que esperar al plazo de alegaciones para presentar las correspondientes alegaciones».

Ahora, tras solicitar el centro el citado nuevo concierto para una unidad adicional de apoyo a la integración con intérprete de lengua de signos, como solución al asunto, la petición ha sido rechazada, como ha sido expuesto.

Así, esta madre muestra su «indignación por todo este proceso que se inició en septiembre» de 2022, hace ya casi «dos años»; porque todavía, su hija sigue «sufriendo daños colaterales, sin que el sistema haga nada al respecto, cuando se están vulnerando todos los derechos que tiene a una educación con las adaptaciones correspondientes y provocando una gran desigualdad en su integración en la sociedad». Es más, la familia de la menor atisba una situación de «discriminación».