Agreden a un vigilante de seguridad del hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Según ha informado el sindicado en una nota de prensa, el vigilante agredido «intentaba restablecer el orden en la zona de acceso a la UCI del hospital Virgen del Rocío, que alertado por el personal sanitario ante la presencia de una veintena de personas que obstaculizaban el paso, el trabajador solicitó que descendieran a la planta baja para cumplir con el protocolo de visitas«. De este modo, la negativa y posterior »agresividad de varios individuos derivó en una violenta agresión, que solo pudo ser contenida tras la intervención policial«. El vigilante «tuvo que recibir asistencia médica y denunció los hechos».

Además, desde el hospital Virgen del Rocío ha lamentado los hechos y señalaban que habían registrado «una agresión a un vigilante de seguridad y se activó el plan para dar asistencia al profesional»

CSIF ha puntualizado que este nuevo episodio de violencia «no es aislado, según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 1.500 incidentes violentos contra estos profesionales, un aumento del 25% respecto al año anterior. Las agresiones varían, desde insultos y amenazas, hasta ataques físicos, que pueden resultar en lesiones graves«.

CSIF ha subrayado, en este sentido, «el notable incremento desde 2013 hasta 2025, con una tendencia ascendente, pasando de 439 agresiones en 2013, a más de 1.600 estimadas para 2025, con picos especialmente destacados en los últimos años«. Este aumento refleja »la creciente exposición al riesgo de estos profesionales y subraya la urgencia de mejorar su protección jurídica y laboral«.

Asimismo, el sector ha criticado que «se produce una agresión cada siete horas y que la respuesta penal sigue siendo insuficiente, ya que estos profesionales no gozan de la protección reforzada que sí ampara a otros colectivos profesionales«.

«La ausencia de un amparo jurídico específico denunciada por CSIF coloca a los trabajadores de la seguridad privada en una posición de gran vulnerabilidad ante episodios violentos, lo que no solo dificulta su labor, sino que también los expone a riesgos innecesarios en su día a día«, han señalado.

La situación de indefensión de los vigilantes «se agrava, además, por el retraso en la aprobación del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada«. Aunque la ley fue promulgada hace más de nueve años, »el reglamento que debe desarrollarla y dotar de mayor seguridad jurídica a estos trabajadores sigue sin publicarse. Este vacío normativo obliga al sector a operar bajo un reglamento obsoleto, con importantes lagunas legales y sin capacidad para responder a los nuevos retos de la seguridad moderna«, han añadido.

Tanto CSIF como diferentes asociaciones han reclamado «una reforma legal que reconozca la labor de los vigilantes de seguridad, establezca un tipo delictivo específico para las agresiones y garantice una protección jurídica adecuada«. Además, piden »la aprobación inmediata del reglamento pendiente, así como mejoras en equipamiento, formación y condiciones laborales, para que estos profesionales puedan desempeñar su función esencial con las garantías y el respeto que merece su trabajo«.