Adif pierde la titularidad de los suelos que expropió en el entorno de Santa Justa en Sevilla

Ahora, cuando estos antiguos titulares de las parcelas de Santa Justa han visto que un porcentaje amplio de los suelos no se han destinado a los fines para los que fueron expropiados -una estación de tren- y que lo que proyectaba ahí Adif era la construcción de viviendas con las que conseguir una serie de plusvalías, han apelado al derecho de revocación. La intención de estos antiguos propietarios, un total de 64 particulares, es que la Administración pública no especule ni haga negocio con los suelos que les expropiaron con otro objetivo muy distinto, algo que se considera «razonable en derecho», según fuentes especializadas consultadas por ABC.

De esta forma, a día de hoy la negociación entre Adif (teóricamente con un 70% de la propiedad de los terrenos) y el Ayuntamiento (con un 30%) ha saltado por los aires. Y no es por el hecho de que el gobierno municipal de José Luis Sanz tumbara de facto el Plan Parcial que se aprobó en el anterior mandato de Juan Espadas y Antonio Muñoz. De hecho, el pasado mes de octubre, tal y como avanzó este periódico, Adif y el Ayuntamiento pactaron un nuevo proyecto para el entorno y crearon la Junta de Compensanción en la que pensaban integrar al Colegio de Arquitectos, que había elevado un contencioso contra el anterior planeamiento.

Tanto los antiguos propietarios como el Ayuntamiento de Sevilla han comprobado que ambos tienen derechos de reversión sobre el suelo. En el caso del Consistorio, la parcela adscrita a Adif que está justo delante de la estación, y que linda con la rotonda donde se encuentra el edificio de la Seguridad Social, tiene un derecho de reversión citado expresamente en la nota simple del Registro de la Propiedad: «Se deja a salvo el posible futuro derecho de reversión que pueda corresponder a la parte expropiada, frente a terceros posibles adquirientes, para recuperar el bien o derecho expropiado».

Al no haberse desarrollado esa pastilla para el fin para el que fue expropiada, el Ayuntamiento de Sevilla tiene claro ahora que ejercerá ese derecho que le faculta la ley, tal y como viene citado en el Registro, «por el interés de los sevillanos».

¿Y esto qué supone? Si el Ayuntamiento se queda con la titularidad de esa parcela y, al mismo tiempo, los antiguos propietarios del resto de terrenos junto a la estación no urbanizados los recuperan, el Consistorio pasaría a ser el principal titular. Es decir, tendría potestad, de acuerdo con los pequeños propietarios (64 en total), para desarrollar allí su propio proyecto sin necesidad de consultar a Adif, que perderá la titularidad. Y, a su vez, todas las plusvalías que generarán el desarrollo de estos terrenos se quedarían en la ciudad.

Cabe recordar que Adif, tras 30 años de parálisis, tramitó con Juan Espadas un plan poco ambicioso, sin necesidad de cambiar el PGOU para ganar en edificabilidad, que generara plusvalías rápidas para tapar el agujero económico que le había originado la construcción de la estación de Madrid Norte. Y, más recientemente, la entrega a Cataluña de los Rodalies en el pacto entre el PSOE con los republicanos catalanes para inverstir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esos suelos, además, al tener el destino de viviendas, podrían haber recibido fondos europeos. Esto supone que Adif se ahorraría los costes del desarrollo pero se hubiese llevado las plusvalías de los suelos mejor valorados de toda la capital hispalense. Y todo ello, en colaboración con el gobierno local del PSOE, que elaboró el proyecto desde la Gerencia de Urbanismo.

Ahora, la misma Gerencia ha decidido que luchará por que esos terrenos se desarrollen con el proyecto más ambicioso posible y que los beneficios repercutan directamente sobre Sevilla, y no sobre el Estado.

De esta forma, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 17 de marzo tienen de plazo máximo los propietarios anteriores registrados para que se les dé audiencia y puedan manifestar su interés de reversión de los suelos, de forma que no los inscriba Adif en el Registro, sino que vuelvan a su propiedad. O, al menos, sean compensados por la nueva operación, distinta a la que se firmó a principios de los noventa cuando se les expropió.

ABC ha podido contactar con esta parte, los antiguos propietarios, que están dispuestos a reclamar la devolución de esos solares y confirman que ha habido suelos que no se han destinado a los fines expropiatorios originales, y ahora se les quiere dar otro uso. Aunque son prudentes en la resolución definitiva, sí creen que pueden ejercer ese derecho, aunque reconocen que no es fácil al tratarse de una cuestión jurídica.

Detrás de lo sucedido hay una sucesión de chapuzas que ahora han provocado que los viejos propietarios acaben con el sueño especulativo de Adif con estos suelos que nunca quiso desarrollar. La primera ha sido, precisamente, la falta de urbanización durante 35 años de titularidad según aparece en el PGOU.

La segunda, que Adif nunca inmatriculó esos suelos. Al principio, porque no era obligatorio por ley, cuestión que cambió radicalmente en 2013 cuando pasó a ser imprescindible la inscripción en el Registro de la Propiedad. Desde entonces, y hasta ahora, el Estado no se percató de este olvido -lo que confirma su nulo interés histórico por el desarrollo de estas parcelas- y, cuando han ido a presentar las fincas registrales, se han dado cuenta de que en el Registro de la Propiedad siguen apareciendo como titulares las familias a las que se les expropió, incluido el propio Ayuntamiento.

Ahora, el Consistorio se ha visto en la obligación de dar trámite de audiencia para que puedan ejercitar sus derechos de reversión los antiguos titulares o bien se les indemince por los nuevos aprovechamientos. Algo a lo que también concurrirá la Gerencia de Urbanismo.

Sin embargo, la tercera chapuza la protagonizó el anterior gobierno municipal del PSOE, que pactó con Adif -ya en tiempos del Gobierno de Pedro Sánchez- un plan para aprovechar esos suelos con viviendas, otorgándole al Estado todas las plusvalías futuras. Es decir, que el por entonces alcalde Juan Espadas obvió la posibilidad que ahora sí va a acometer el gobierno local de revertir esos derechos y que esos beneficios del aprovechamiento se quedasen en Sevilla y no se fuesen para Madrid y la estación de Chamarín o, ahora, para mejorar y regalar todo el sistema de Rodalies a la Cataluña de Salvador Illa.