Tres jueces y tres médicos forenses han intervenido en los permisos a Pantoja

Pantoja ingresó el 4 de agosto en la clínica privada Infanta Luisa de Sevilla, un día antes de que se le acabara un permiso ordinario de siete días, y regresó este lunes a la prisión sin necesidad de agotar el tercer permiso, que concluía a las doce de la noche de este martes.

Cuando la cantante comunicó su estado de salud, la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que cumple una pena de dos años por blanqueo de capitales, activó el procedimiento habitual de los presos que se ponen enfermos en sus permisos, han explicado a Efe fuentes judiciales.

La prisión avisó al juzgado de vigilancia penitenciaria que regula los permisos en las cárceles sevillanas, que envió a un médico forense al centro sanitario, por iniciativa de la Fiscalía, para confirmar que Pantoja necesitaba estar ingresada y no podía volver a su celda.

Tras examinar el informe del forense, en la que se detallaba la «nefropatía diabética» de la cantante y la alteración de sus valores renales, la Fiscalía propuso el primer permiso extraordinario de siete días, lo que aprobó el juez de vigilancia penitenciaria el 6 de agosto.

El mismo procedimiento se produjo con los otros dos permisos extraordinarios por enfermedad, y en ambas ocasiones intervinieron dos médicos forenses distintos, que coincidieron en aconsejar el ingreso de la tonadillera en el hospital.

Los permisos los aprobaron otros dos jueces también distintos porque eran los que estaban de guardia en el juzgado de vigilancia penitenciaria durante las vacaciones de agosto, han añadido las fuentes.

Pantoja, que presenta irregularidades tanto en los valores de glucemia como de creatina, sufre «nefropatía diabética» , una enfermedad renal que es responsable de cerca del 30 % de los enfermos en diálisis periódica así como la primera causa de trasplante renal en los países occidentales.

La cantante cumple desde el pasado 21 de noviembre dos años de cárcel tras la sentencia de la Audiencia de Málaga que aseguraba que permitió el blanqueo de los ilícitos beneficios obtenidos por su pareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, "en su corrompida y delictiva actividad" al frente del Ayuntamiento.

La Justicia también impuso a la cantante una multa de 1,14 millones de euros por los mismos hechos, de los que ha pagado 347.000.