Caso Marismas
Ex altos cargos admiten ante el juez irregularidades en la adjudicación
Dos imputados dicen que el exconsejero instó a actuar al conocer lo que pasaba; hoy siguen las comparecencias
M.B.
Dos exaltos cargos de la Consejería de Agricultura admitieron ayer ante el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, la existencia de irregularidades en la adjudicación de las obras para la modernización de los regadíos en las Marismas del Guadalquivir e incluso ... que algunas de estas irregularidades fueron conocidas por el titular de la Consejería. Sin embargo no admitieron haber participado en la segunda adjudicación sobre la que recaen las pesquisas judiciales.
Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos entre 2001 y 2005 admitió que las irregularidades en la primera adjudicación le llegaron a través de la denuncia de la comunidad de regantes y por «otros comentarios que hicieron algunos funcionarios de su departamento o probablemente el propio delegado provincial». E incluso que alguna de esas quejas «llegó directamente al consejero de Agicultura». Por aquellas fechas el titular de la citada cartera era Isaías Pérez Saldaña. Según Ruiz Orta, «el propio consejero se lo trasladó para que se actuara en consecuencia». Aunque de ello, según matizó, «no existe documentación formal documental en el expediente».
Entre las irregularidades que admitió Ruiz Orta se encuentra que en el expediente de la subvención faltaban documentos que acreditaran que se estaban cumpliendo los requisitos. Además admitió que, al estar presente en la mesa de contratación, «se tuvo conocimiento de irregularidades en la concesión de la primera adjudicación porque había alguna empresa que no reunía todos los requisitos». Sin embargo, el imputado negó que efectuara ninguna llamada a la mesa indicando cual debía ser la empresa adjudicataria y dijo ignorar si lo hizo alguien de su departamento para que recayera finalmente en la UTE Befesa-Alpi.
Posteriormente declaró Carlos Javier Rodríguez Pérez, exjefe de Insfraestructuras, que dijo haber pedido un informe al servicio de contratación tras la denuncia de los contratistas dirigida al consejero. Los dos admitieron que los trabajos se acometieron sin estar aprobado el proyecto constructivo, algo que consideran «normal» pero que en este caso se demoró tres años, lo que ya no es habitual. El tercero, Manuel Antonio Cruz-Guzman, no declaró por falta de tiempo. Hoy siguen las declaraciones.
Ex altos cargos admiten ante el juez irregularidades en la adjudicación
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