Caso Marismas: «Si esto sale a la luz, sale mucha mierda y salpica a todo el mundo»

Todas las grabaciones están ya incorporadas a la causa y la Guardia Civil da «un alto grado de credibilidad y veracidad al contenido de las mismas». En total hay 21 reuniones registradas entre los regantes y distintos responsables tanto de la Junta de Andalucía como de la empresa Befesa. En todas ellas los protagonistas revelan las «presiones» por parte de Agricultura para que ganara una determinada compañía y las «coacciones» a los técnicos para que certificaran obras que no se habían hecho con el objeto de cobrar el dinero. Una de las cintas más esclarecedoras es la que recoge la conversación entre un vocal de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, Carlos Rosado, que fue uno de los denunciantes del caso y que portaba la grabadora, y uno de los directores de obras del proyecto, Joaquín Sánchez, quien desvela muchos de los entresijos del fraude y llega a asegurar que si alguna vez tuviera que declarar ante un juez lo contará todo. En este primer corte de grabación avisa del escándalo.

«Si esto sale a la luz, sale mucha mierda, lo que pasa es que esto salpica a todo el mundo. ¿A mí en qué me salpica? En mi tiempo. Yo he estado en dos juicios como perito y es muy desagrabadable, pero si tengo que ir, voy. Y voy sin miras para nadie». Las palabras del director de las obras son rotundas. Pero en su diálogo con el regante se revelan otras muchas cosas. En el siguiente audio se aclara cuánto se infló una certificación, la número 39, facturando obras que no se habían hecho.

«¿Cuánto es más de la certificación 39?». Sánchez se mantiene unos segundos en silencio hasta que da la cifra: «Cuatro millones y medio». Y luego le pregunta cómo se realizaba ese engorde de las facturas: «Lo que pasa es que yo le estoy pagando más movimiento de tierra de balsa cuando ha sido menos, le estoy pagando más movimiento de tierras de tuberías cuando ha sido menos... Cosas así», responde. La fórmula consistía en hacer estas certificaciones por parte de los técnicos para poder justificar la obra ante Bruselas y que la Junta de Andalucía recibiera el dinero. Otra incógnita que se resuelve es el posible destino de ese dinero que se conseguía ingresar con las certificaciones falsas y que no se acabó destinando a las obras.

«Se tienen siete millones que se van a devolver... Pues dirían con esto pagamos esto, esto, me compro un piso en Marbella...». Estos son sólo algunos ejemplos del contenido de las grabaciones, que pueden ser una prueba crucial para resolver este caso en el que la Guardia Civil ya ha señalado como uno de sus principales responsables al socialista almeriense José Luis Sánchez Teruel , diputado en el Parlamento y barón de la presidenta Susana Díaz. Los agentes le atribuyen cinco delitos: tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones y, sobre todo, pertenencia a grupo criminal.