Tribunales
Alaya envía a la Audiencia Nacional el Caso Madeja
El sumario, con 88 imputados entre ellos 40 funcionarios, abarca múltiples administraciones y varias provincias
Mercedes Benítez
La juez Mercedes Alaya ha decidido enviar a la Audiencia Nacional el Caso Madeja por la existencia de 88 imputados, 40 de ellos funcionarios públicos, en distintas provincias. En un auto firmado por la juez que acaba de conocerse, la magistrada asegura que ... las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo pueden constituir multiples ilícitos de ohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales , maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.
Por ello asegura que el caso ha tenido « una grave repercursión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica abarcando múltiples administraciones como por su continuidad en el tiempo y por el numero de personas implicadas en esta trama». Alaya, que toma esta decisión cuando ha sido nombrada juez en comisión de servicio de la nueva titular María Núñez, asume así la tesis del fiscal que era partidario también de enviar el caso a los juzgados de instrucción central.
En el auto la juez también recuerda que entre las administraciones públicas afectadas se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Sevilla , la Consejeria de Obras Publicas, el Ministerio de Fomento, la Diputacion de Cádiz, los ayuntamientos de Algeciras y La Carolina, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, la empresa pública Adif y la adminstración autonómica de Canarias. Entre los imputados figuraban el exasesor del exalcalde de Sevilla, Domingo Enrique Castaño y funcionarios de la Diputación o empresarios.
El entramado giraba en torno a la empresa Fitonovo y sus directivos Rafael González y su hijo José Antonio González que obtuvo distintos contratos de administraciones bien mediante tráfico de influencias o mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos o mediante concurrencias ficticias con otras empresas.
La UCO calculó que de la empresa Fitonovo salieron numerosas dádivas que podían ascender a 4.300.000 euros y que la citada entidad se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios.
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