De pagar hasta 60 euros por un local comercial en Sevilla a la incertidumbre

En esta última zona, en la calle José Ignacio Benjumea, el fin de ese contrato trae, sobre todo, incertidumbre. Se trata de pequeños negocios que gracias a esas rentas antiguas, aseguran sus responsables, se han mantenido abiertos. Hoy temen que si se hace una subasta pública de los locales no podrán asumir el nuevo alquiler.

Baldomero Cortés lleva trabajando en la Panadería Casa Antonio más de cuarenta años. Delante de la tienda, un local de 18 metros cuadrados por los que pagaba 60 euros al mes, hay un carrito en los que, recuerda, cuando era un niño repartía pan por las casas. El 26 de diciembre recibió la carta del Ayuntamiento que le avisaba del fin del contrato el día 31. Se queja de que fue el primer aviso del Ayuntamiento y aún no sabe lo que pueden pedirle por el local ni si podrá asumir su coste. Está dispuesto a pagar un precio razonable, pero avisa que la zona no da para mucho.

En 2006, Coronada González, se hizo cargo de Charcutería El Prado, un negocio que llevaba abierto más de 20 años. Por sus 84 metros cuadrados paga 27,30 euros al mes, una renta que reconoce baja pero que permite subsistir a dos familias. Coronada señala que lo peor de la situación que viven ahora es la incertidumbre. «Nos han dicho que el local saldrá a subasta pública y que tendremos derecho preferente sobre la puja más alta pero si el precio es muy alto nosotros no podemos competir».

Jesús Jiménez regente el establecimiento «El rey de los bocadillos», casa fundada en 1945. Antes que él, al frente del negocio que empezó siendo un ultramarinos pero desde hace más de 20 años se dedicó especificamente a los bocadillos, estuvieron su abuelo y su padre. El local tiene unos 60 metros cuadrados por los que puede pagar en torno a 12 euros al mes, una renta baja sí pero que, señala Jesús mientras sigue atendiendo a sus clientes, ha hecho posible que el negocio subsista.«Queremos quedarnos, pero a un precio razonable».

Algunos de estos comercios se han adaptado a los tiempos. Jorge Mozo está al frente de «U.P.S», una tienda de informática que abrió en 2006 en el local en el que su abuelo regentó durante décadas un negocio de electrónica. Por sus 120 metros cuadrados paga 33,33 euros al mes. Sabía, como los otros arrendatarios, que su contrato de renta antigua acababa pero «a diferencias de otros inquilinos con propietarios privados, el Ayuntamiento no nos ha dado la posibilidad de negociar otras condiciones».

Tras recibir la carta en la que se avisaba de la rescisión, buena parte de los afectados se dirigieron a Aprocom, la agrupación de comerciantes de Sevilla. En la actualidad se está pendiente de un encuentro de Aprocom ys afectados con los delegados de Hacienda, Asunción Fley, y Economía, Gregorio Serrano, para acercar posturas.