Implicados en el Caso Marismas dicen que la Junta les presionó en las certificaciones falsas

El caso tiene varias ramas: el posible amaño del concurso, los presuntos sobornos para poder llevarlo a cabo y, sobre todo, el desvío de los fondos. Ésa es una pregunta directa que los agentes le hicieron al director general de Regadíos cuando lo citaron en sus dependencias: «Si tiene conocimiento de que se haya podido desviar dinero de la subvención otorgada a la CRMG (Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir) para otro fin para el que no se concedió o ha terminado en manos de terceras personas ajenas a las obras de modernización». El alto cargo, Francisco Ruiz Orta, aseguró desconocerlo. Pero tanto los testigos como las grabaciones aportadas al caso coinciden en señalar que se inflaron las certificaciones para conseguir dinero sin ejecutar los trabajos. Aquí también hay dos caminos abiertos en la investigación: un abono de cuatro millones a la UTE ganadora —Befesa y Alpi— que se hace «en la primera certificación con fecha 4/12/2005 transcurrido escasamente dos semanas del inicio de la obra y sin nada ejecutado en la misma», según la Guardia Civil. Por otro lado, hay un millón y medio en la última certificación que no se justifica de ninguna manera.