Cincuenta sevillanos solicitan cada día el salario social a la Junta de Andalucía

El perfil de los solicitantes del Ingreso Mínimo de Solidaridad corresponde en su mayoría a matrimonios o parejas de hecho con hasta dos menores a su cargo, principalmente con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, ubicados en barriadas con especial problemática social, con bajo nivel formativo y dificultades para acceder al mercado laboral. Destacan igualmente las unidades familiares monoparentales compuestas por mujeres solteras o separadas con cargas familiares y con un nivel formativo muy limitado.

Algunas familias han denunciado los retrasos de la Junta en la tramitación de expedientes de solicitudes y el PP ha pedido la simplificación de los trámites. El Defensor del Pueblo ya alertó el pasado año de la demora de casi un año en la tramitación de los expedientes a pesar de que la familia que acude a solicitar este salario social está en situación de emergencia.

El salario social es una renta mensual cuyo objetivo es mejorar la situación de las personas en riesgo de exclusión. Esta prestación económica supone el 62% del salario mínimo inteprofesional (SMI) incrementado en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que se acoge a esta solicitud hasta un máximo equivalente al 100% del SMI. Esta ayuda asciende a 397,67 euros mensuales, que pueden incrementarse en 51 euros por cada miembro de la familia hasta un máximo de 641 euros. La ayuda se recibe durante seis meses y sólo podrá ser solicitada de nuevo transcurridos otros seis meses. Un 17% de las familias que han accedido al salario social vuelven a solicitarlo.

Al igual que el PP, Cáritas es partidaria de que la Junta cambie el salario social por la Renta Básica «porque supondría asegurar una cobertura de las necesidades básicas de todos los andaluces y una continuidad en el tiempo de esa ayuda». Con una tasa de paro que sobrepasa el 30% y con muchos parados de larga duración que han agotado todas las prestaciones por desempleo, Cáritas está atendiendo en Sevilla a miles de personas que piden ayuda para necesidades básicas.

Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas en Sevilla, explicó que «a pesar de que los datos macroeconómicos hablan de una recuperación, esa mejoría no se ha traslado aún a las familias, que continúan llegando a Cáritas pidiendo lo esencial para poder vivir, como es comida, ayudas para el pago del alquiler, la hipoteca o los recibos de agua y luz». «No hemos notado una bajada de las solicitudes. La demanda de ayuda ya no crece a un ritmo de dos dígitos por año, como antes, pero tampoco baja. Digamos que se ha estabilizado», señaló Pérez de Ayala.

Un total de 2.826 familias sevillanas y 5.157 menores en riesgo de exclusión social se beneficiaron en 2013 del Programa de Ayudas Económicas Familiares puesto en marcha por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Este año, la Consejería destinará 1.371.8887,24 euros para 18 municipios sevillanos de los seis millones asignados para este programa en Andalucía, que en el ejercicio pasado atendió a más de 13.000 familias andaluzas y casi 25.000 niños.