Se eleva a 26 el número de okupas de la Corrala procesados por usurpar viviendas

«Casi todos los que en su día prestaron declaración como imputados están recibiendo autos individualizados de procedimiento abreviado», ha explicado el letrado Luis de los Santos, quien anuncia que alegará «la eximente del estado de necesidad» de vivienda en el caso de sus defendidos, toda vez que el procesamiento de los imputados, a quienes se les atribuye un delito de usurpación, surge después de que el pasado mes de abril la Policía Nacional ejecutase el desalojo forzoso ordenado por la citada instancia judicial sobre las citadas viviendas .

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja , fue consumado el pasado mes de abril tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía , protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad ' Residencial Murillo '.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento , dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA , socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre «15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no». El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social , aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales , toda vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera «deseo» de figurar en el «proceso de intervención social» asociado al baremo municipal.

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de « vulnerabilidad o riesgo », lo cual según la Junta ya justifica «plenamente» su realojo provisional; y siete atraviesan una situación «deficitaria o de exclusión social», con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos «no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial».