IU desahució a 7 familias con menores a su cargo en plena crisis cuando gobernaba

Sin embargo, cuando gobernaba en el Ayuntamiento tomó medidas incluso peores que las que ahora critica. Entre los años 2008 y 2011 el gobierno de Monteseirín y Torrijos llevó a cabo 21 desahucios por impago del alquiler, nuevo de ellos en los últimos meses del mandato. Y, según la documentación que obra en poder de ABC sobre aquellos «lanzamientos» realizados en las viviendas de alquiler de Emvisesa, la mayoría de los desalojados tenían menores a su cargo o se encontraban en riesgo grave de exclusión social, exactamente los dos argumentos que recogió la juez del desalojo de La Corrala a los que se ha acogido la Junta para realojar a los okupas de San Lázaro.

Concretamente, los expedientes de aquellos desahucios demuestran que la coalición PSOE-IU puso en la calle por «impagos de renta y comunidad» a siete familias con hijos menores a su cargo —en dos casos eran mujeres víctimas de violencia de género — y a otras cuatro en riesgo de exclusión social por contar con personas con altas discapacidades . Hay un caso en Pino Montano en el que los desalojados eran un matrimonio con tres hijos —uno de ellos menor— y el marido con una discapacidad del 50 por ciento. Y en otro caso, éste en Torreblanca, los mismos que ahora hacen de los desahucios un lema electoral echaron de una vivienda pública a un hombre con una discapacidad reconocida del 79 por ciento .

De los 21 desahuciados por impagos que tiene en su haber el gobierno municipal anterior, sólo ocho se dictaron sobre unidades familiares que carecían de cargas . En los demás casos se trataba de casas en las que no se superaban los ingresos mínimos y en las que en su mayoría habitaban menores de edad o discapacitados.

Aquellos desahucios se hicieron de manera absolutamente legal, claro está, siguiendo precisamente los parámetros que habían impuesto PSOE e IU. Torrijos, además, creó una norma para los realojos urgentes en viviendas públicas que, como ya explicó este periódico, no cumplen ninguno de los beneficiados de La Corrala. Esos requisitos estaban recogidos en el reglamento de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso, Otainsa , que establecía que no podrían acceder a pisos del Ayuntamiento quienes hubieran sido desahuciados por no pagar la hipoteca. Algo lógico si se tiene en cuenta que el propio Ayuntamiento ordenaba desalojar por esta misma razón los pisos de su titularidad.