La Junta ordenó a la vez el desahucio de dos familias y el realojo de La Corrala
AVRA entregó las llaves a los okupas del colectivo dirigido por IU en Sevilla mientras comunicaba desalojos por impago de las rentas en Granada y Jaén
alberto garcía reyes
El 9 de abril, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía , AVRA, acordaba el realojo de 18 familias de La Corrala Utopía en Sevill a tras haber sido desalojados por orden judicial del edificio de San ... Lázaro que este colectivo dirigido por la militante de IU Irma Blanco había ocupado durante dos años. La medida provocó una crisis de gobierno autonómico porque la presidenta, Susana Díaz , retiró las competencias en materia de Vivienda a IU ante una posible prevaricación por no haber respetado la lista de espera. El caso se solucionó dos días después con el realojo de ocho de las familias con el argumento de que así lo había dictado la sentencia que acordaba el desalojo. La consejera Elena Cortés dijo en el Parlamento aquellos días que «el proceso ha sido con luz y taquígrafos, el problema es que al PP le pone enfermo que este gobierno gestione y dé soluciones a la mayoría social ». Y mientras hacía este alegato, la Agencia de la Vivienda que depende de su Consejería dictaba varios desahucios por impago de las rentas en Granada y Jaén. Concretamente, dos días después del realojo de los miembros de La Corrala, el gerente de AVRA en Granada ordenaba el desahucio de una familia en el municipio de Santa Fe por «falta de pago de las rentas, causa de desahucio administrativo» otorgándole 30 días para las alegaciones. «Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal», sostiene la resolución el 11 de abril publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a finales de ese mes.
Igualmente, el gerente de AVRA en Jaén ordenó a finales de febrero el desahucio de otra familia en Beas de Segura al considerar «probadas las causas de desahucio imputadas», que según la resolución son las siguientes: «La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad». En la orden oficial se da a la familia un mes «para el cumplimiento voluntario de la misma con el objeto de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda », pues, «en caso contrario se acuerda la ejecución subsidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa », de manera que «se instará la correspondiente autorización judicial de entrada en la vivienda ».
Hace dos semanas, cuando el TSJA archivó la denuncia contra Elena Cortés por posible prevaricación en el caso de La Corrala, la consejera celebró que ese triunfo iba « por todas las familias que están sin casa , por todas las familias desahuciadas y por todas las familias que buscan en la política respuestas y soluciones al derecho humano a la vivienda».
La Junta ordenó a la vez el desahucio de dos familias y el realojo de La Corrala
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