El Ayuntamiento quiere saber el criterio de IU para dar llaves a los okupas de la Corrala Utopía

Así ha respondido la edil a las declaraciones del portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, José Manuel García, quien lamentaba que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido (PP), «demore injustificadamente» los informes de la Corrala Utopía para «tapar sus mentiras» tras «cruzar todas las líneas rojas» al «difamar y extender la sombra de la sospecha sobre las familias realojadas o pendientes de realojo».

En este sentido, según De Pablo-Blanco, «IU lo que quiere es borrar el origen de la situación creada con la patada en la puerta, cuando el derecho de realojo siempre requiere para su aplicación un origen legal» y ha añadido que «no se puede beneficiar a aquél que provoca la situación para obtener una vivienda protegida obviando la debida aplicación de la norma que contempla y regula esa entrega frente al resto de los ciudadanos», por lo que «ahora es IU la que tiene que explicar a los ciudadanos qué criterios objetivos y sobre qué informes se ha fundamentado para esa entrega de llaves».

Del mismo modo, ha recordado a IU que en la lista de familias realojadas y pendientes de realojo facilitada al Ayuntamiento por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta «hay algunas que no habían sido objeto del desalojo, otras que carecen de la notas informativas, otras con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o simplemente las que no habían acreditado documentalmente sobre su situación manifestada».

En este sentido, la concejal delegada se ha preguntado sobre «cuál ha sido el criterio objetivo seguido por IU cuando ha dejado de entregar llaves a familias con menores frente a otras que no reunían este requisito», ante lo que ha indicado a García que «las leyes son iguales para todos y no se pueden saltar, sin más, para beneficiar a unos sobre otros».

De esta manera, ha insistido en que «es competencia exclusiva del Ayuntamiento la adjudicación de las viviendas protegidas y la elaboración de los informes sociales como prescribe la ley autonómica, lo que olvida intencionadamente IU». «Hay que recordarle a IU que ha estado presente en todo el procedimiento de negociación con las familias de la Corrala rechazando sistemática y sucesivamente las viviendas ofrecidas por Ibercaja en su programa de 'Llaves solidarias' tanto por la delegada Territorial de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, como por la portavoz y representante de las familias, Irma Blanco, en la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz», ha advertido la delegada de Asuntos Sociales.

Por otro lado, De Pablo-Blanco ha apuntado que «las familias han tenido que ser llamadas por este Consistorio, a la vista de que no acudían a los Centros de Servicios Sociales, aún habiéndole dado cita». De hecho, «a los que se les ha dado cita para la semana que viene es simplemente porque no se presentaron antes», ha añadido. Según la edil, «después de esta llamada, las familias han acudido a los servicios sociales poniendo limitaciones y restricciones a la labor ordinaria de los técnicos, en unos casos, al no facilitar el domicilio para poder realizar la visita domiciliaria; en otros, no entregando la documentación solicitada o manifestando incluso por escrito que no quieren que se les realice el informe baremo por necesidad de vivienda social», por lo que, a su juicio, «coartan la intervención que se viene realizando con todas las familias que acuden a los Centros de Servicios Sociales».

«IU está cuestionando el trabajo y el procedimiento de unos profesionales, seguro que si fueran médicos no cuestionarían que se realizaran todas las pruebas necesarias para un buen diagnostico», ha subrayado la delegada del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha añadido que «García quiere desconocer la magnífica labor de intervención de los profesionales de los servicios sociales municipales que son los que tienen que evaluar y recomendar los recursos sociales más adecuados bajo criterios técnicos exclusivamente y no políticos». Y es que, como ha explicado De Pablo-Blanco, «todo lo que hacemos tiene una base documental que consta en los expedientes de la Junta de Andalucía porque lo hacemos todo siempre bajo la legalidad».