Zoido asegura que ningún okupa de la Corrala ha acudido a revisar su evaluación

La propia Dolores de Pablo-Blanco hablaba este pasado Lunes Santo de aquella evaluación señalando que en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias. Después de la mencionada petición de la Consejería de Fomento y Vivienda para esta nueva evaluación de las familias, el Ayuntamiento manifestaba que la Administración autonómica se había basado en aquellas notas informativas elaboradas para 'Ibercaja', cuando entregó a nueve personas del colectivo viviendas públicas, señalando además de nuevo que sólo dos de estas personas cumplen los requisitos del 'Baremo para la adjudicación de vivienda a familias en proceso de intervención social'.

En ese sentido, primero el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y después la concejal de Familia y Asuntos Sociales, han manifestado este lunes en rueda de prensa que «ninguna» de estas personas habría acudido a los servicios sociales municipales para ser sometidas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica. «No ha aparecido ninguna de las personas que deben ser valoradas», ha dicho el alcalde insistiendo en la obligación de «aplicar la legalidad vigente».

La concejal, en paralelo, ha recordado las notas informativas sobre necesidad de vivienda elaboradas sobre estas personas para que 'Ibercaja' analizase si podían o no acceder a su programa solidario de vivienda, porque la «respuesta" del Ayuntamiento al escrito de la Consejería de Fomento y Vivienda con la relación de personas a evaluar fue «que si se habían basado en esas notas informativas» para entregar viviendas a nueve de las personas del colectivo «tenían que hacer una revisión del procedimiento» de entrega de tales viviendas públicas, pues como se ha explicado las notas informativas elaboradas para 'Ibercaja' sólo incluían dos casos en el baremo social del Ayuntamiento.

«En una administración, todo debe responder a un procedimiento público, con criterios objetivos y legales y los informes y evaluaciones de los técnicos», ha dicho la concejal en cuanto a aquella «entrega de llaves» de viviendas de titularidad autonómica «sin que se sepa cuál es el criterio» de adjudicación. «El origen de este problema es la patada en la puerta de una vivienda de propiedad privada. No se puede mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás», ha enfatizado.

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que «dé instrucciones» a los Servicios Sociales municipales para que se hagan los informes sobre la situación de las familias de la Corrala Utopía, al tiempo que le acusa de «llevar reventando la solución al problema de la Corrala desde hace dos años».

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Maíllo ha señalado que el problema del Ayuntamiento es que «debería tener lealtad institucional y dedicarse a actualizar los informes de Servicios Sociales». En este sentido, indica que «hay que preguntar» a Zoido por qué «no lo ha hecho aún», y asegura que el alcalde «lleva reventando la solución al problema de la Corrala desde hace dos años». Además, le emplaza a que «dé instrucciones a los Servicios Sociales para que hagan esos informes, que nos van a dar la clave de toda la información sobre esas familias».