Ayuntamiento y Junta buscan el desalojo voluntario de la «Corrala Utopía» con una comisión

Durante el encuentro, y como ha explicado Maeztu, ambas partes han acordado crear inmediatamente una comisión destinada a orquestar el desalojo voluntario de las viviendas, pues el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado ya tanto el desalojo forzoso, como que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «den cumplimiento» a dicha orden.

La reunión se ha celebrado en un momento en el que la Audiencia Provincial de Sevilla incluso ha confirmado el auto mediante el que el Juzgado de Instrucción número tres, merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, ordenaba el desalojo forzoso de las mismas, extremo seguido de un último auto en el que la juez solicitaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que «den cumplimiento» a dicha orden. A la hora de adoptar esta misma decisión, la juez solicitaba a las áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que «provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social».

Lo cierto es que tras este encuentro, ha sido Jesús Maeztu quien ha comparecido ante los medios de comunicación flanqueado por la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y la concejal de Familia, Bienestar Social y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco. A la hora de dar cuenta de lo acordado, Jesús Maeztu ha defendido «la firme resolución» del Ayuntamiento y la Administración andaluza de «intentar llegar a una solución que evite un desalojo no voluntario que traería consecuencias de todo tipo».

Por eso, en esta «primera reunión», ambas partes han acordado crear «una comisión» que comenzará a funcionar este mismo jueves para «dar cumplimiento» al auto de desalojo, «atendiendo los derechos de los más vulnerables» a través de soluciones «factibles» y conforme a la Ley que «eviten llegar a una situación que nadie quiere». Mientras la Junta de Andalucía habría analizado la posibilidad de realojar a estas personas en unas viviendas protegidas de su titularidad, previo paso por unas VPO municipales porque las primeras esperan aún la conclusión de su construcción, Maeztu ha manifestado que todo debe estar sujeto a «un orden y un procedimiento» con el correspondiente cumplimiento de aspectos como la «acreditación de la necesidad de vivienda».

Ha mencionado, en ese sentido, la necesidad de evitar que se genere un «efecto llamada». Así, Maeztu ha anunciado que, inmediatamente, comunicará a la Fiscalía, el juzgado y la Delegación del Gobierno, de la que dependen las fuerzas de seguridad del Estado, «que vamos a llegar a una solución», extremo que él mismo ha encuadrado en el cumplimiento efectivo del auto con visos a un desalojo «voluntario» de las viviendas. En ese sentido, ha señalado que la propia juez ha pedido que medien «garantías para los menores, personas mayores y personas en riesgo de exclusión social».

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta «Ibercaja» a través de la sociedad inmobiliaria «Residencial Murillo».

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas «Llaves solidarias», incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera «necesidad», extremo que motivó entonces que «Ibercaja» solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo.

Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso. Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el «desalojo forzoso» de las viviendas.