La juez ordena a las fuerzas de seguridad que ejecuten el desalojo de la Corrala Utopía

A través de un nuevo auto fechado este pasado martes y recogido por Europa Press, la juez señala que en su citado auto previo, había ordenado el "desalojo forzoso" de las viviendas avisando ya entonces de que si en un plazo de 15 días no mediaba el "abandono" efectivo de las mismas, se cursaría oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden. Dicho auto, recordémoslo, fue objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por parte de las familias, que además solicitaban la suspensión de su ejecución hasta la resolución del propio recurso.

La Junta de Andalucía, de su lado, solicitaba suspender el desalojo hasta que las administraciones públicas "garanticen alternativas a las familias e incluso anunciaba, merced a su propio escrito, una ampliación del plazo previo al desalojo forzoso, todo ello al objeto de negociar un posible realojo de estas personas. Pero de cualquier forma, en este último auto, el Juzgado de Instrucción número tres da cuenta de la oposición de la propiedad de las viviendas al "aplazamiento interesado" por la Junta de Andalucía, ordenando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "den cumplimiento" al desalojo si las familias no hubiesen abandonado las viviendas de forma voluntaria. Igualmente, traslada la decisión a las áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta "a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

El colectivo de familias habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'. Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.