Afectados por el amianto reclaman a la empresa Uralita más de cuatro millones

Hasta el lunes de la semana que viene tienen las partes de plazo para presentar las conclusiones por escrito y a partir de ese día correrá el tiempo a la espera de una sentencia que la letrada de la Asociación de Víctimas del Amianto, María José González, desea «lo más ecuánime posible y que responda a nuestras pretensiones».

El segundo juicio colectivo contra la empresa comenzó ayer en el Juzgado de los Social número 7 de Sevilla a las nueve de la mañana y terminó a las seis y media de la tarde.

En el transcurso de la vista se hicieron todas las periciales médicas de los treinta afectados — 24 viven y 6 han fallecido—, según María José González.

Mientras la primera parte del juicio se celebraba en el interior del edificio Noga, los antiguos trabajadores y sus familiares, muchos venidos de toda España, se concentraban en la puerta desde primera hora y a pesar del frío con una pancarta que decía «El amianto mata» y un panel con varias decenas de fotos de las «víctimas del amianto».

Falta de información, de atención sanitaria y de la Administración, de diagnósticados, de un registro y sobre todo la losa de un perjuicio cuya reclamación judicial prescribe en los tribunales al año eran algunas de las quejas de los afectados, cuyo número se desconoce en todo el país si bien en Sevilla ya se está preparando otra demanda conjunta con 18 enfermos que han de llegar a 25 para que se pueda interponer.

Esteban Doncel, presidente de la asociación de víctima de Valladolid, relató a ABC que tiene 64 años y una fibrosis pulmonar contraida en la fábrica de Uralita de dicha provincia en la que estuvo trabajando entre 1972 y 2005 y añadió que allí la factoría cerró junto a las de Getafe, Sevilla, Barcelona, Valencia y Alicante y que permanece la de Alcázar de San Juan, si bien se dedica a fabricar tubos de plástico.

José Menor, secretario de la asociación de Sevilla y enfermo de asbestosis, denunció que la víctimas solo tienen un año para demandar y aseguró que han pedido una reunión con el Fiscal General del Estado para solicitar que se amplie este plazo dado que mucho afectados no pueden reclamar como el presidente de dicho colectivo, Antonio Delgado, que fue diagnosticado en 1993. Otras víctimas que no quisieron revelar su identidad rememoraban los vertidos de amianto a cielo abierto junto al barrio nazareno de Fuente del Rey donde la gente se llevaba los restos para reparar los baches de la calle o cómo los niños jugaban en montones de tierras con amianto.

También estermecían las palabras del presidente de la federación española de afectados, Juan Carlos Paul. «La enfermedad —dijo— puede aparecer a los 25 ó 40 años de estar en contacto con ese mineral».