Ni Carcaño ni el juez han recibido petición de la Policía para el «test de la verdad»

Se conoció hace unos días que los responsables policiales habían previsto esta prueba por su fiabilidad y que iban a pedir al juez, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, la práctica de la misma, que incluiría tanto el permiso del propio Carcaño como la excarcelación del mismo para realizarle el test en Zaragoza, lugar donde el experto en este dispositivo, José Ramón Valdizán, tiene la tecnología necesaria para la realización de la prueba. El Gobierno confirmó después a través de la Delegación en Andalucía que esas eran las intenciones y que el contacto con el juzgado era constante y fluido.

Pero pasada más de una semana, ayer se instauró definitivamente la confusión con argumentos cruzados y contradictorios entre Policía (delegada del Gobierno, concretamente) y juez. Si las relaciones entre ambos pilares de esta investigación no eran precisamente las mejores, nada de lo ocurrido en las últimas horas ha colaborado en mejorarlas. Y es que pese a lo afirmado desde las Fuerzas de Seguridad del Estado, el juez dice que no. Que nadie le ha dicho ni pedido nada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue el que informó oficialmente de que el juez del caso no ha recibido ninguna petición policial para someter al test de la verdad al asesino de la joven, diez días después de que la Policía anunciara su presentación. En una nota, el gabinete de prensa del TSJA exponía que, ante «las numerosas llamadas de medios de comunicación solicitando información», el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla «no ha recibido aún ninguna petición sobre el llamado test de la verdad o prueba P300».

Lo afirmado por parte del juzgado, además, coincide con lo que exponía a este periódico la abogada del propio Carcaño, Paloma Pérez Sendino, quien aseguraba que no tienen «notificación ni noticia alguna» por parte del juzgado de «ningún tipo de petición ni de prueba ni de test ni de nada». «No se nos ha trasladado nada al respecto de eso, nada», destacaba.

Por tanto, ¿qué ocurre? Ayer mismo, ayer, y tras conocer el contenido de la nota del TSJA, la misma delegada del Gobierno, Carmen Crespo, insistía en que «hay contactos» entre el juez y la Policía. Según la responsable de la seguridad en la comunidad, ambas partes «están manteniendo contactos» para decidir sobre la posibilidad de que Carcaño sea excarcelado y se realice el test. O sea, un desmentido en toda regla a lo afirmado por el juez. «Quiero ser respetuosa con el poder judicial —indicó Crespo—, por supuesto, pero podemos afirmar que hay un diálogo con el juzgado, entre el juez y la Policía, para ver esa posibilidad. Siempre que haya una opción de encontrar más pistas, como el caso de esta prueba, hay que valorarlo de manera positiva y ver si se puede llevar adelante. Los contactos se están produciendo para decidir si se puede hacer una prueba que es bastante fiable según indican los expertos y los técnicos que trabajan con la Policía». Para el Gobierno, por tanto, los contactos existen. Para el juez, no hay nada.