Los okupas de la Corrala Utopía tienen hasta el 15 de febrero para desalojar las viviendas

La juez ha ordenado el «cumplimiento inmediato» de esta medida, avisando de que si en un plazo de 15 días no se hace efectiva esta decisión, serán las fuerzas de seguridad del Estado las encargadas de materializarla.

El colectivo de familias entró en las viviendas en cuestión en mayo de 2012 alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. El conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica , pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias en cuestión esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras Ibercaja ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas «Llaves solidarias», incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera «necesidad», extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres ha ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Pues bien, después de que la citada instancia judicial tomase declaración recientemente al último miembro del colectivo que aún no había comparecido en sede judicial a cuenta de la usurpación de las viviendas, el abogado de las familias, Luis de los Santos, ha celebrado este martes una rueda de prensa junto a varias de las mujeres del colectivo en la acampada instalada a ante la sucursal que 'Ibercaja' posee en la calle San Fernando, para dar cuenta de las «últimas novedades judiciales». Y es que el Juzgado de Instrucción número tres ha notificado ya un auto ordenando el «desalojo forzoso» de las viviendas, extremo que las familias prevén recurrir ante la Audiencia Provincial de Sevilla bajo la premisa de que «la propiedad no ha motivado la urgencia de necesitar las viviendas» y la idea de que media ya una «consolidación» de las familias tras «más de un año y medio viviendo allí». «Vamos a pedir la suspensión cautelar de la orden de desalojo forzoso mientras se resuelve nuestro recurso», ha dicho Luis de los Santos, quien explica que el 15 de febrero expira el plazo concedido por el juzgado para que las familias cumplan la orden.

El auto que decreta el «desalojo forzoso», recogido por Europa Press, expone que si en un plazo de 15 días no media el «abandono» efectivo de las viviendas, se cursará oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden.

«Hay personas mayores, enfermos y niños», han manifestado las mujeres del colectivo de familias, quienes creen que «puede haber hasta muertos» si finalmente las viviendas son desalojadas por la fuerza, pues su idea es «resistir» en el interior del edificio hasta ser expulsadas por los efectivos policiales. Toñi, la mujer que recientemente se declaraba en huelga de hambre, ha manifestado de su lado que continuará «hasta las últimas consecuencias» con su abstención alimenticia.

Dado el caso, las familias y su abogado han reclamado a 'Ibercaja' un nuevo esfuerzo para buscar una salida negociada al conflicto y, en paralelo, han apelado a la Junta de Andalucía en el sentido de que, si bien «jurídicamente no puede hacer nada», como administración «deberá ofrecer una alternativa» para que estas familias no se queden «en la calle».