El juez estudia la denuncia por estafa contra el presidente de la CEA

La titular del juzgado recibió la denuncia hace un mes y ha informado de ella al Ministerio Fiscal, según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe. Con posterioridad, ha solicitado por dos veces documentación del caso a los querellados, que la han aportado al juzgado. Esta denuncia es independiente del concurso de acreedores que ha instado el «banco malo» contra la fundación de la CEA responsable de la construcción de las viviendas.

Los constructores han afirmado que también se han adherido a su denuncia otros 14 contratistas con los que Herrero y los otros denunciados habrían contraído una deuda de 3 millones de euros.

La denuncia se ha conocido después de que la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) denunciara ante la Fiscalía a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), promovida por la patronal andaluza, por un desfase de entre 12 y 14 millones de euros en una promoción de viviendas .

En la denuncia también se incluye a otros integrantes de la cúpula directiva de la CEA. En la denmanda judicial, admitida ya a trámite, los contratistas afirman que los denunciados, en nombre de Dolmen y la CEA, ésta a través de la FDSE, consiguieron que los subcontratistas hicieran los trabajos a sabiendas de que no iban a pagarles . De esta forma lograron «conjurar» «el peligro que suponían las protestas de los compradores, que estaban pagado sus casas pero que no les habían sido entregadas en la fecha estipulada», indica la denuncia.

Los incumplimientos en el pago «colocaron a los subcontratistas en una situación económica tan grave e insostenible - que a día de hoy se mantiene- que les resultaba imposible hacer frente a los pagos de proveedores y trabajadores», lamentan los denunciantes.

Los contratistas destacan que todos los denunciados pertenecen al consejo de administración de Cartera Andaluza SICAV S.A, de la que es consejero Herrero y se dedica a la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros.