La Justicia investiga tres casos de corrupción en la Policía Local de Sevilla

El caso se investiga desde septiembre de 2009, aunque los archivos revisados se retrotraen a los últimos diez años. Todo se destapó a raíz de una investigación ordenada por la juez Carolina Herencia , que falleció durante la instrucción, por lo que el caso está ahora en manos de su sustituta, para destapar una red de tráfico de hachís . el caso comenzó con la «Operación Pájaro» , en la que la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, en colaboración con los Greco de Cádiz, detuvieron a once personas por tráfico de estupefacientes, entre los que estaba un policía local residente en La Rinconada . En el curso de aquella operación, en la que fueron hallados 1.500 kilos de hachís, se llevaron a cabo numerosos registros domiciliarios y se pinchó el teléfono del supuesto cabecilla, con quien habría mantenido contacto el policía que abrió la puerta a la investigación sobre la corrupción interna en Sevilla. En esas conversaciones se detectó que el agente hablaba con su jefe, que era su padre, sobre los servicios de los motoristas fuera del horario laboral . La instrucción de este caso está en su fase final y a la espera de la decisión que toma la juez de archivar la causa o procesar a los policías supuestamente implicados.

Pero, por si esto no fuera suficiente, la Fiscalía también ha denunciado recientemente el posible amaño de las oposiciones a Policía Local celebradas en Sevilla el año pasado . El caso se investiga en el juzgado número 9 , que dirige Juan Jesús García, cuyas diligencias aún están en fase incipiente, aunque ya ha requisado los exámenes de aquellas pruebas. De hecho, el Ministerio Público sostiene que, después de que el propio gobierno municipal denunciara los hechos, pudo haber personas que no cumplían los requisitos e incluso opositores que habrían tenido en su poder el examen con anterioridad a la fecha de su celebración. El grupo Gepol puso de manifiesto el uso de silicona en los talones por parte de opositores para alcanzar la estatura necesaria, gente que aprobó sin tener vigente el carné de moto exigido o personas que conocían las preguntas con antelación . El juez ha abierto una investigación por presuntos delitos de revelación de secreto y de prevaricación. Otro golpe a la imagen del cuerpo, cuyos más de mil agentes están sufriendo un descrédito sin precedentes por esta vorágine de investigaciones judiciales a una veintena de sus compañeros.