Alaya exime a los empresarios que no ganaron el suelo de Mercasevilla

La propia Mercedes Alaya admite en su escrito que ha realizado «un esfuerzo inútil», aunque acusa al Ministerio Fiscal de haber provocado este «incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta». No en vano, Alaya encargó al Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO que investigara si hubo connivencia entre las empresas que pujaron para que el concurso lo ganara Sanma y si estas sociedades presentaron «ofertas de relleno» por algún tipo de interés común.

La UCO entregó el atestado tras varios meses de trabajo determinando que había conexiones societarias entre la mayoría de las empresas. Pero para entonces estos posibles delitos ya habían prescrito. Sin embargo, nadie alertó de esta circunstancia y la juez citó a todos los empresarios como imputados para tomarles declaración. Fue justo después de este acto cuando el abogado de Antonio Sánchez Ramade registró un escrito indicando esta circunstancia. No obstante, la juez dictó otro auto antes de resolver la alegación del letrado sumando a los imputados otros dos delitos más además del de maquinación para alterar el precio de las cosas: fraude y exacciones ilegales y prevaricación «extraneus».

El fiscal se adhirió al escrito de Sánchez Ramade, quien añadió posteriormente que no podía existir delito de prevaricación por parte de los empresarios ya que estos nunca habrían tenido contacto con los funcionarios, sino en todo caso con la empresa ganadora para presentar las supuestas «ofertas de relleno» y convertir el concurso en un paripé.

Alaya admite el error indicando que «comparte» los argumentos del abogado a los que «ahora» se adhiere el fiscal. Sin embargo, la juez considera que el Ministerio Público tendría que haberle avisado. «Ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal», escribe la magistrada, quien en todo caso justifica el fallo «por la asistencia por su parte a varias macrocausas».