Rafael Yuste, neurocientífico: «Necesitamos una ley supranacional que proteja el cerebro humano de la tecnología»

-Lleva casi 40 años en Estados Unidos. ¿Esta idea del Centro Nacional de Neurotecnología nace de su deseo de devolver algo a las instituciones españolas donde se formó?

-Sí, cada vez siento más esa necesidad. Llevo casi 40 años fuera. Me ha ido muy bien en Estados Unidos, donde he desarrollado muchos proyectos, incluido el Proyecto Brain. Pero en España, de alguna manera, he sido «un cero a la izquierda», perdido para la causa. La idea es incorporarme de nuevo, con mi trabajo y mi esfuerzo, para mejorar la ciencia en España.

-¿Cómo surge esta idea?

-Este proyecto surgió de la tragedia del Covid. El impulso inicial vino de la Comunidad de Madrid, pero el gran empuje llegó del Gobierno con los Fondos Europeos de Reconstrucción. La entonces vicepresidenta Calviño [Nadia] me pidió opinión sobre cómo invertirlos, y le propuse la idea de un proyecto sobre el cerebro para España. De ahí nació el Centro Nacional de Neurotecnología (CNN) o Spain Neurotech. De una tragedia ha surgido algo muy valioso para España, y quiero contribuir con la mejor intención a desarrollarlo y situar al país en la primera línea mundial en neurotecnología. Se trata de un consorcio público formado por tres actores: el Estado Español, la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma, que aporta un edificio en el campus de Cantoblanco. El acuerdo se firmó en diciembre de 2024. Estas tres administraciones se comprometen a invertir 200 millones de euros en un periodo de 15 años, según el calendario establecido en el documento de creación del consorcio, publicado en el BOE en enero.

-¿Sería una versión española del Proyecto Brain estadounidense?

-Exactamente. La idea original del Brain era crear un gran laboratorio nacional de neurotecnología, una especie de observatorio cerebral, como los astronómicos, donde los neurobiólogos pudieran utilizar ciertos instrumentos sin coste. Ese modelo, un laboratorio central conectado con una red nacional, es el que propusimos a Calviño y a la Comunidad de Madrid.

-¿Y ese será el objetivo del centro?

-Sí, pretende ser ese laboratorio central de neurotecnología al servicio de investigadores, hospitales y empresas en toda España, conectados en red para trabajar conjuntamente.

-¿Qué tipo de centros podrán acceder?

-Centros de investigación (universidades o del CSIC), hospitales, porque se desarrollarán también métodos clínicos, y empresas, ya que también creará dispositivos con aplicación comercial. En resumen: será una fábrica de neurotecnología.

-¿Qué entendemos por neurotecnología?

-Son dispositivos, herramientas o métodos que sirven para medir o modificar la actividad del cerebro. Algunos son electrónicos, otros magnéticos, acústicos, ópticos o moleculares. Y todos integran inteligencia artificial, que es fundamental para procesar los datos y controlar los dispositivos. En el edificio de la Autónoma podrían trabajar unas 400 personas desarrollando este tipo de tecnologías con tres objetivos: científico: para entender mejor cómo funciona el cerebro; clínico: para diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y empresarial: fomentar la creación de startups españolas en neurotecnología. Todo ello bajo un marco ético y de respeto a los derechos humanos. Hemos diseñado el centro con cinco departamentos: Neurobiología, Neuroingeniería, Neuroclínica, Emprendimiento y Ética y Derechos Humanos.

-La neurotecnología plantea dilemas éticos. ¿Cómo se gestionará ese aspecto?

-Habrá un departamento dedicado exclusivamente a ello, posiblemente con unas 20 personas que trabajarán en el desarrollo de marcos éticos y legales. Hoy en día no existe apenas regulación sobre neurotecnología a nivel jurídico. Gran parte de mi trabajo se centra en desarrollar lo que llamamos neuroderechos: normas legales que protejan la actividad cerebral desde el punto de vista de los derechos humanos. Este departamento contará con abogados, expertos en legislación y en derechos del consumidor, y trabajará codo a codo con científicos e ingenieros para que las normas se construyan sobre conocimiento real, no teórico.

-Su grupo propuso en 2017, en Nature, un protocolo de nuevos derechos humanos, los neuroderechos.

-Ese artículo lo firmamos 25 expertos del Morningside Group, llamado así por el barrio de Manhattan donde está la Universidad de Columbia. Tras tres días de debate concluimos que los desafíos éticos y sociales de la neurotecnología debían abordarse como un problema de derechos humanos. En 2017 lanzamos la alerta, pero luego decidí involucrarme activamente. Tuvimos un momento 'Oppenheimer' en el laboratorio: descubrimos que podíamos no solo descodificar el cerebro de un ratón, sino también manipularlo y controlar su comportamiento. Desde el punto de vista científico fue un avance enorme, pero éticamente me estremeció. Comprendí que algo así podría hacerse en humanos en el futuro. Por eso creamos la Fundación Neuroderechos, sin ánimo de lucro, que presido. Dedicamos buena parte del tiempo a dialogar con parlamentos, políticos y organismos internacionales. Gracias a ello, ya hay cinco lugares en el mundo donde la actividad cerebral está protegida por ley. En España estamos trabajando con Cantabria, que incluirá la protección de neurodatos en su ley de salud digital.

-¿No sería necesaria una regulación a nivel europeo o incluso mundial?

-Lo ideal sería una regulación supranacional. Llevamos años trabajando en ello: estuvimos en el Parlamento Europeo hace seis años y seguimos impulsando una ley de neuroprotección para toda Europa. Aunque existen el Reglamento General de Protección de Datos y la futura ley de inteligencia artificial, aún no cubren suficientemente el ámbito de la neurotecnología. A la vez, colaboramos con Naciones Unidas, especialmente con el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, que ha aprobado estudiar la inclusión de los neuroderechos.

-La neurotecnología aplicada clínicamente es ya un realidad

-Así es y sus aplicaciones clínicas son enormes. Cuanto más rápido avancemos, mejor, porque hay millones de pacientes con enfermedades cerebrales, alzhéimer, párkinson, esquizofrenia, autismo, que necesitan soluciones. Los dispositivos médicos están regulados y los datos que generan están protegidos por ley. El problema surge cuando estas tecnologías saltan al mercado de consumo. Cada vez hay más dispositivos portátiles que se venden directamente, como cascos de electroencefalografía capaces de descodificar el habla interna. El mercado crece a un ritmo del 30% anual y ya supera los 6.000 millones de euros. Esto puede tener aplicaciones útiles; por ejemplo, dictar textos o manejar equipos solo con el pensamiento, pero también riesgos si las empresas usan o venden esos datos cerebrales sin garantías. Debemos asegurarnos de que estén legalmente protegidos.