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Soraya Sáenz de Santamaría

Sigue todas las noticias de Soraya Sáenz de Santamaría, política española nacida en 1971 en Valladolid. Es jurista, abogada del Estado y miembro del Partido Popular. Fue portavoz del Gobierno de España entre 2011 y 2016 y vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, hasta que salió adelante la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy.

Tres ponentes para cuatro reformas

El Consejo de Estado apura sus últimos meses para responder al requerimiento del Gobierno sobre las cuatro reformas constitucionales. Rubio Llorente se ha repartido los trabajos con dos de sus vocales de la Comisión de Estudios

Un ejercicio de unidad

El alcalde de Madrid recibió ayer el calor y los elogios del presidente del PP en la escenificación de una cercanía en la que participaron Ángel Acebes o la propia Esperanza Aguirre

Una expectación correspondida

Cerca de quinientas personas se dieron cita en el Foro de ABC para escuchar de primera mano la defensa cerrada que Rajoy hizo de la Constitución y de las reglas del juego

Tempestad pero sin olas

En el PSOE se han acabado las declaraciones a título personal. Maragall ha pronosticado que «va a ser que sí». Bono y Gómez Arruche, invisibles en la valla

Rajoy, en su reválida catalana a la gallega

Rajoy, en su reválida catalana a la gallega

El presidente del PP acude hoy a La Caixa, para explicar su proyecto económico liberal y nacional, en plena operación de la entidad financiera -avalada por Maragall y el Gobierno- para hacerse con el control del mercado de la energía y centralizarlo en Cataluña

Rajoy, la única alternativa a Rajoy

Arenas se hace eco del sentir unánime de la Ejecutiva del PP: «La claridad del resultado gallego sirve para desactivar cualquier crítica al presidente del partido»

Estatuto y frente de operaciones

El pacto del Estatuto marca un nuevo ciclo político. El PP se resitúa en el centro político y marca el paso de las reformas con una mínima contestación interna y el PSPV prepara un nuevo «campo de operaciones» con el tratado en la mano VALENCIA. El pacto del Estatuto principia un nuevo ciclo político. El contenido y los humores del «tratado» obligan a PP y PSPV a reordenar sus agendas y estrategias para adecuarlas al nuevo tiempo. Camps y Pla han entrado de lleno en el debate territorial vinculando a propios y ajenos con una carta de compromisos e intenciones sobre la personalidad y entidad de la Comunidad Valenciana respecto del Estado y el resto de Comunidades. Acontecen tres ámbitos de análisis, a bote pronto. Uno relacionado con las decisiones y expectativas que han hecho posible un acuerdo sobrevenido -aun esperado- en el tablero nacional. Otro, vinculado al efecto que la «vía valenciana» puede tener en el orden de imponderables del debate territorial: planes y propuestas de catalanes, vascos y andaluces, y del propio presidente del Gobierno. Finalmente, acontece un tercer ámbito mediato relacionado con el «impacto» de la Carta y del paquete anejo de reformas legislativas en la refriega política y en el peatonaje: hay nuevos derechos civiles a reclamar, concreciones del texto sensibles en su aplicación -obediencia debida a los dictámenes de una AVL vocacionalmente catalanista-, creación de un Consell Audiovisual con poder sancionador sobre contenidos, cambios en la Ley de Publicidad Institucional y revisión de las «proporciones» de representatividad vía ley electoral. (no hay acuerdo sobre RTVV). Génova y Ferraz Por lo que refiere al ámbito de decisiones y expectativas que han precipitado la firma del Estatuto, cabe subrayar que las direcciones nacionales de los dos partidos mayoritarios han estado absolutamente pendientes de la mesa de negociaciones y han determinado el tiempo y modo del «imprimatur», lo cual sugiere cierta paradoja autonomista a propósito del nivel de tutelaje que ha operado en el texto. Zapatero y Rajoy querían o necesitaban un pacto que pondera el debate territorial y devuelve cierta templanza a las relación PP-PSOE tras la caldera del Debate sobre el Estado de la Nación. A Zapatero, el Estatuto valenciano le ha servido para despejar de incertezas y temores el rumbo de la reforma, en un momento en que la sospecha fundada de negociaciones ocultas con ETA y las andanadas rupturistas de sus socios de Gobierno -concierto financiero catalán- inflaman los interrogantes sobre el gran debate territorial. (Manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo el día 4). A Mariano Rajoy, la «vía valenciana» lo resitúa en el centro político tras haber transitado (injustamente) el averno mediático de la radicalidad. El pacto estatutario en Valencia restituye y vindica a Rajoy como un líder capaz de guiar a Zapatero en la reforma del modelo de Estado, toda una dosis de «finura» en la antesala de unas gallegas puede que determinantes para el equilibrio orgánico en el PP. El coste político que asume Rajoy es el de una mínima contestación interna acusada de silencios meridianos (Zaplana) porque el pacto por el Estatuto valenciano «nos parte el discurso», al decir de un fidelísimo. Según esta versión, la constitución de un Servicio Tributario o de un Consejo Valenciano de Justicia será interpretada por los votantes como una mano tendida a la «vía Zapatero» de descentralización financiera y judicial (territorial). Este argumento sirve igual para estimular a los estrategas de Blanquerías -«hemos pinzado a Rajoy», decía Perelló- que para que la milicia zaplanera se haga cargo de un victimismo eximente de futuribles batacazos: «Ya se apañarán Paco y Rajoy para explicar esto al electorado». De nada sirve a adversarios políticos y enemigos orgánicos que Soraya Sáenz de Santamaría o Serafín Castellano se desgañiten glosando la oportunidad de un Estatuto que -a su decir- marca el paso, sirve de modelo, respeta el «bloque de constitucionalidad», subraya la multilateralidad frente a la deriva asimétrica de Maragall y Carod-Rovira, revaloriza a Camps en el plantel de las baronías y reivindica el rasero igualitario de las leyes orgánicas como vigas maestras del tiralíneas del modelo de Estado. Por cuanto afecta o pudiera afectar la denominada «vía valenciana» a la reconstrucción de España, es posible que el Estatuto balear «no se vaya un milímetro» (Castellano) o que el andaluz «sea prácticamente igual» (Antoni Such) a la reforma de Camps y Pla, pero resulta ingenuo pretender que catalanes y vascos vayan a renunciar a exigir su «hecho diferencial», ese impuesto revolucionario con el que se alquila una vertebración siempre en cuarentena. Ya lo ha advertido el secretario de Política Autonómica del PSOE, el gaditano Alfonso Perales: «El Estatuto valenciano no es exportable a Cataluña y otras Comunidades». Así las cosas, se intuye, pese al baile de interpretaciones en torno al significado y alcance último de la carta, que Camps pretende un orden de garantías en torno al espíritu de la Constitución. Pero no sabemos si ZP será capaz de contener la progresión confederal de sus socios. (En el PSOE son cada vez más quienes se encomiendan a Alfonso Guerra, presidente de la comisión parlamentaria que estudiará las propuestas territoriales.) Nuevas glorias a España A Pla el Estatuto le mejora las fotografías y el currículum en las solapas, pero no cabe duda de que el principal beneficiario mediático de la reforma es el presidente de la Generalitat. En el PSPV hay quien piensa que Pla debió de esperar a después del verano, «aunque fuera para amargarle las vacaciones a Camps», brindándole al secretario general del PSPV una presunción de autonomía inopinada; todo un piropo. También hay quien, metido en harinas conceptuales, cree que «hemos vuelto a ofrecer nuevas glorias a España, y puede que nos volvamos a quedar en el furgón de cola». En Blanquerías se trabaja ya en lo que ha de ser la configuración del nuevo campo de operaciones político-militares: exigir la renta básica ciudadana como un derecho inalienable y urgente, dejar que la Academia Valenciana de la Lengua haga su trabajo y mermar los instrumentos habituales de «consolidación democrática» mediante la revisión de la ley de publicidad institucional, la constitución del Consell Audiovisual o la articulación de proporciones y escaños vía ley electoral. En todo caso, ahora resta la articulación de estas leyes -la letra menuda del postpacto- y la siempre revisable «pacta sunt servanda».