El director y el jefe de Informativos de la Ser, condenados por revelar secretos

Los hechos se remontan al 17 de junio de 2003 , cuando la cadena informó de una denuncia que formuló ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas dirigidas al secretario general del partido en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, le pedía que garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del PP en Madrid.

Entre las inscripciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del «Tamayazo» que arrebató la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas. La confrontación interna vivida en el municipio de Villaviciosa de Odón se enmarcaba además en el enfrentamiento interno que había estallado entre los partidarios del entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y su aliada Esperanza Aguirre, contra los seguidores de Alberto Ruiz-Gallardón.

En la documentación de soporte a la información que estaba en poder de la Ser figuraban varias cartas firmadas por Pilar Martínez, denunciando los hechos. En una de ellas, la ex presidenta del PP local de Villaviciosa, se dirigía a Romero de Tejada en estos términos: «... en aras a la honestidad y transparencia que deben guiar la actuación de los responsables regionales del Partido Popular, y especialmente en defensa de aquellos afiliados que se presentan a las elecciones del lunes, avalados por otros muchos afiliados que durante años han querido y cuidado al partido, se debería actuar adecuadamente y no permitir que personas desconocidas, con residencia en otros municipios, decidan quién será el próximo presidente local , porque en el caso de que estas 78 afiliaciones consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio».

En otra de sus cartas a Ricardo Romero de Tejada aportaba una relación de 100 afiliados, especificando que 3 de ellos, afiliados regularmente, no figuraban en el censo electoral enviado por Génova; censo que sí recogía, sin embargo, 19 afiliados que ya habían causado baja y 78 que «como su numeración indica, son afiliaciones recientes que no cuentan con la aprobación del Comité Local» .

La Cadena Ser ha difundido esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centró en las 78 que según la denuncia interna eran personas que no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban relacionadas con Bravo y Vázquez; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores.

Durante el juicio, celebrado en el juzgado nº 16 de lo Penal de Madrid el pasado 19 de octubre, la ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, ratificó los hechos difundidos por la Ser, y recordó que se había dirigido a Romero de Tejada para denunciar los hechos, que tenían como telón de fondo un asunto de corrupción urbanística.

En la sentencia, el juez afirma que «no puede negarse que era un hecho noticiable» , como los reconoció la propia Pilar Martínez «en su declaración en calidad de testigo», y que los acusados «podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer» .

Sin embargo, a continuación, el magistrado matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran presuntamente irregulares, sino la mera denuncia de la existencia de irregularidades.

El magistrado considera que la acción de los acusados constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, y argumenta que «ordenasen los acusados la publicación de la mentada lista en la página web de la Cadena Ser o la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre», y añade a continuación que «la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal».

En la nota difundida por la Ser, un portavoz de esta cadena de emisoras indicó que la sentencia «causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística»; al tiempo que ha anunciado la presentación del correspondiente recurso.

El fallo condena a Anido y a Irago a un año y nueve meses de prisión y a las penas accesorias de «inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas» y a «inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo» durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.

La condena impone también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Al establecer la indemnización y la multa, el juez argumenta entre otras cosas que «como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en el juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena Ser (…), cargos que si bien desconocemos cuál será su retribución, sin duda será verdaderamente importante».